Trillo supo antes del funeral que se dudaba de la identidad de los cadáveres del Yak-42

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, supo poco después del accidente del Yak-42, del que hoy se cumplen tres años, que no había seguridad en la identificación de los cadáveres de los 62 militares muertos en el siniestro. Según ha podido saber EL PAÍS, antes del funeral celebrado el 28 de mayo de 2003 en la base de Torrejón (Madrid) hubo una reunión del equipo directivo de Defensa en la que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, propuso entregar a las familias los cuerpos identificados positivamente y trasladar los demás al Instituto Anatómico Forense.

La reunión se celebró en la sala de juntas aneja al despacho del ministro, adornada con retratos de todos sus antecesores, y su objetivo era fijar los detalles del funeral de los militares muertos en Tabzon (Turquía), que presidieron los Reyes y fue retransmitido por TVE.

En el curso de la misma, según recuerda alguno de los asistentes, se suscitaron dudas sobre la identificación de los fallecidos. El general Luis Alejandre propuso ir entregando a las familias los cadáveres identificados sin ningún genero de dudas, a medida que fueran llegando de Turquía en los tres aviones Hércules enviados para su repatriación, y remitir los demás al Instituto Anatómico Forense hasta completar su identificación.

"Lo hubiera comprendido todo el mundo", afirman las fuentes consultadas. "Los 80 forenses del 11-M se equivocaron en 12 víctimas, hablaron de 202 en vez de 190, y lo comprendimos todos".

Segundo entierro

Sin embargo, el equipo político de Defensa se hizo cargo de la organización del funeral, de la que fueron marginados el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire.

Los 62 féretros, cubiertos por la bandera española, se alinearon frente a la pista de Torrejón y las familias de las víctimas esperaron durante horas, a pleno sol, la llegada de las autoridades. Eso no hizo sino acrecentar la tensión, que estalló en abucheos y gritos contra Federico Trillo y el entonces presidente José María Aznar cuando se acercaron.

Tras el funeral, los féretros fueron trasladados a sus localidades de residencia y enterrados al día siguiente, con orden expresa de que no se permitiera abrirlos.

Muchos familiares mostraron ya entonces su extrañeza por la rapidez de las identificaciones. La inquietud se disparó en octubre de ese año, cuando varios de ellos visitaron el lugar del accidente y se trajeron las placas supuestamente utilizadas para identificar a sus parientes. Finalmente, el 2 de marzo de 2004, EL PAÍS y El Heraldo de Aragón publicaron un acta de la fiscalía turca que demostraba que menos de cuatro horas antes de su repatriación casi la mitad de los 62 cuerpos estaba sin identificar. Las pruebas de ADN ratificarían más tarde que 30 cuerpos -todos los identificados por el equipo médico enviado por el Ministerio de Defensa- se enterraron bajo nombre falso.

Tras laboriosas y dolorosas gestiones, un total de 21 cadáveres -los otros nueve habían sido incinerados- fueron exhumados, intercambiados y enterrados de nuevo en enero del año pasado, 20 meses después del siniestro.

Aunque conoció desde el principio las dudas sobre la identificación, el Ministerio de Defensa las negó hasta el último momento. En febrero de 2004, un mes antes de que se difundiera el acta turca, Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa, recriminó a la viuda de un comandante por cuestionar en una carta pública la identificación de su marido.

"Sólo me queda lamentar que con esta carta haya llevado usted a otros familiares de las víctimas mayor preocupación y dolor por un proceso de identificación que fue llevado a cabo con total entrega y rigor", le escribió.

El mismo día que se hizo pública el acta, el Gobierno del PP difundió una nota en la que aseguraba "lamentar profundamente que un asunto tan doloroso y delicado sea objeto de un tratamiento informativo tan escasamente riguroso y tan poco respetuoso con la memoria e intimidad de los afectados". Aznar fue más expeditivo: "¡Dejen a los muertos en paz!", clamó.

Por su parte, Alejandre se limita a señalar, en el libro Yak-42 A sus órdenes ministro, presentado ayer: "Nunca oculté la aberración que consideraba se había realizado en el proceso de repatriación de los cadáveres, y siempre he remarcado que, si hubiese sido mi Ejército, Tierra, quien se hubiera encargado de aquello, el tema sería bien distinto".

Los dos responsables de la repatriación de los cadáveres, los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, están imputados por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Yak-42.