El juez acusa al ex consejero Farreres de prevaricación, malversación y falsedad por encargar estudios falsos

Malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad. Éstos son los delitos que imputa el juez al ex consejero de Trabajo en la época de CiU Ignasi Farreres, por encargar ocho informes que resultaron ser burdas copias de tratados jurídicos y por los que se pagaron 46.758 euros. La empresa que se benefició de los trabajos pertenecía a Victor Manuel Lorenzo Acuña, militante de Unió, al igual que Farreres. En el caso también está implicado Josep Maria Servitje, secretario general del departamento y que fue quien hizo a Farreres la propuesta de contratación de los estudios.

Francisco González Maillo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, ya ha concluido la investigación y considera que existen indicios racionales de criminalidad. Ahora corresponde al fiscal Fernando Rodríguez Rey solicitar al juez la apertura de juicio oral y presentar escrito de acusación, como parece más que probable que hará, o bien pedir el archivo de la causa.

En el caso está personado el Departamento de Trabajo, que también ejercerá la acusación, así como una acción popular, representada por el abogado Manuel González Peeters, quien declaró ayer que la decisión del juez evidencia que "en ocasiones, algunos cargos políticos evocan a los integrantes de la cueva de Alí Babá".

Además de Farreres, el juez considera que también hay indicios delictivos contra el que fuera secretario general del Departamento de Trabajo, Josep Maria Servitje, y contra Víctor Manuel Lorenzo Acuña, responsable de Socesca y Gestumer, las empresas beneficiarias de los trabajos.

El juez recuerda que los tres eran y siguen siendo militantes de Unió Democràtica (UDC). Farreres fue consejero de Trabajo de la Generalitat entre 1988 y 1999. Acuña ya fue condenado por la Audiencia de Barcelona en el llamado caso Turismo, la malversación de fondos públicos procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña con el mismo sistema de informes plagiados que, como en este caso, resultaron inútiles para la acción política del departamento, según la justicia. El juez ha exculpado del Santiago Vallvé, ex socio de Acuña, aunque Trabajo anunció ayer que recurriría la decisión.

El 'caso Turismo'

Las declaraciones de algunos acusados en el caso Turismo señalaron que el dinero malversado podría haber beneficiado a UDC. En este procedimiento el juez admite que la finalidad del supuesto delito "no era otra que desviar dinero público", pero precisa que "se ignora" el destino que se le dio, porque se ha probado que lo cobraron las sociedades de Acuña pero, a partir de ahí, se perdió el rastro. El juez admite que Farreres y Servitje no se lucraron con ese dinero.

Los informes se cobraron los años 1994 y 1995. En el caso de cuatro de ellos, que costaron 23.499 euros, se articuló una partida con cargo al Fondo Social Europeo. El resto se cargaron a una partida del departamento. En ambos casos fue Farreras quien adjudicó los estudios a sabiendas de su inutilidad, dice el juez, y Servitje quien le hizo la propuesta de contratación, explica el juez.

Pablo Molins, abogado defensor de Farreres, anunció ayer que recurrirá la decisión del juez al considerar que "está llena de prejuicios y de presunciones en contra". Una de ellas, según el letrado, es aludir a la militancia de los tres inculpados, "porque estar afiliado a un partido no es motivo para condenar a nadie". Molins también precisó que "en contra de lo que considera el juez, un informe plagiado no tiene por qué ser un informe inútil".

Por su parte, un portavoz de UDC, solicitó ayer la presunción de inocencia para Farreres, expresó su absoluta confianza en la justicia y recordó que la justicia no ha condenado nunca a Unió.