Arenas y Valcárcel defienden que Andalucía asuma competencias sobre el Guadalquivir con limitaciones

El presidente del PP, Javier Arenas, y el jefe del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, también del PP, suscribieron ayer un texto en el que defienden que Andalucía asuma las competencias del Guadalquivir pero contando con la participación y el acuerdo del resto de regiones afectadas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia). Los dos líderes políticos consensuaron un acuerdo sobre política de agua en el que defienden que la Andalucía gestione el Guadalquivir, como recoge el texto de la reforma del Estatuto, "pero que lo haga en el marco de la Constitución, respetando la legislación del Estado y, sobre todo, contando con el acuerdo" de las tres comunidades por la que también discurre la cuenca.

Los dirigentes del PP se posicionan desde "la solidaridad y la cohesión nacional", dice el texto, para defender que el Guadalquivir sea un asunto de todas las regiones afectadas bajo gestión andaluza y que se trasvase agua de las cuencas con excedentes a comunidades con necesidad de recursos hídricos.

En el acuerdo, que se traducirá en enmiendas a la reforma del Estatuto de Andalucía en el Congreso de los Diputados, se asegura que cuando el PP gobernaba se elaboraron políticas hidráulicas de "solidaridad y vertebración territorial, como queda estipulado en la Constitución".

A juicio de Arenas y Valcárcel, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, "han olvidado este sentido de solidaridad en consonancia con aquéllos que prefieren tirar agua al mar que contribuir a la riqueza de otras regiones de España".

Además, continúa el texto, la estipulación en el Estatuto de Andalucía del traspaso de competencias para la gestión del río Guadalquivir responde a los deseos de Chaves de "atribuirse la competencia exclusiva de la gestión del río, aunque, a pesar de que la mayor parte de su cuenca se encuentre en Andalucía, éste provee de agua a municipios extremeños, castellano-manchegos y murcianos".

Los populares recuerdan que el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no ha sido el único en manifestarse en contra de esta petición, "llegando incluso a anunciar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la misma, sino que desde el propio ejecutivo, los ministros de Medio Ambiente y Administraciones Públicas se han mostrado contrarios a este extremo".

Para Arenas y Valcárcel, en Andalucía se tendría que tener en cuenta el modelo estipulado en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que, con el apoyo del PSOE, contempla la redistribución de los excedentes de agua según criterios de sostenibilidad.

Por otra parte, el comunicado critica al Gobierno central al recordar que una de sus primeras actuaciones fue derogar el trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que Arenas y Valcárcel definieron como "proyecto de solidaridad y vertebración territorial".