El Gobierno balear defiende un Estatuto que rebasa el modelo financiero catalán

El Gobierno popular de Baleares pretende aprobar el próximo 13 de junio en el Parlamento autónomo, donde el PP tiene mayoría absoluta, una propuesta de reforma estatutaria que incluye una disposición transitoria octava que copia el modelo de financiación aprobado en el nuevo Estatuto de Cataluña y rechazado por el PP nacional. El texto balear sostiene que la Administración central tendrá que dedicar en los próximos 10 años el 2,5% de sus inversiones a Baleares, y que el monto total de estas inversiones no podrá ser inferior a los 3.000 millones de euros.

Los grupos del Parlamento balear pretenden que el nuevo Estatuto de Autonomía de Baleares sea una realidad en la presente legislatura autonómica, antes de las elecciones de mayo de 2007. Para cumplir este calendario, los partidos deben negociar el cierre de la reforma en las dos próximas semanas, en su trámite final en el Parlamento balear, para que el 13 de junio el pleno de la Asamblea apruebe el proyecto estatuario y lo remita a las Cortes. El PP todavía no ha logrado el consenso del principal partido de oposición en Baleares, el PSOE, que tiene la última llave en el Congreso.

En el texto que los populares han presentado figura una singular financiación que, hace tan sólo dos meses, provocó el rechazo del PP nacional durante la tramitación del Estatuto catalán en el Congreso y en el Senado. En la propuesta de veto a la reforma del Estatuto de Cataluña que presentó el grupo parlamentario del PP había un apartado referido a las inversiones estatales en esa comunidad. El texto de la enmienda del PP, contraria a ese modelo de financiación, señalaba lo siguiente: "La propuesta de Estatuto establece la obligación de que el porcentaje de inversión estatal en Cataluña equivalga al peso de Cataluña en el PIB de España. Si se hiciese lo mismo con todas las comunidades autónomas, las más pobres quedarían condenadas de por vida a recibir menos inversiones, con lo que el desfase entre las comunidades más y menos desarrolladas sería cada vez más profundo".

Ahora, la propuesta del Gobierno balear calca prácticamente el texto catalán, aunque ampliando las condiciones de las inversiones estatales de siete a 10 años. El porcentaje que fija el Gobierno que preside Jaume Matas, 2,5% del total de las inversiones estatales, es similar al porcentaje que supone la aportación de Baleares al PIB español (2,5%), según los datos de 2005 publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno balear añade en el texto del Estatuto una cautela que implica un nuevo compromiso para la Administración central. En los próximos 10 años, el gasto estatal en inversiones debe ser, al menos, de 3.000 millones de euros, aunque el 2,5% fijado por el Estatuto no llegase a recaudar esa cifra.

La fórmula de financiación que propone el PSOE para Baleares es similar a la del Gobierno de Matas, pues incorpora también una cuota de compensación de inversiones, basada en el PIB (un 2,5%), aunque en su caso no señala un mínimo de 3.000 millones de euros en 10 años, como hace el PP. En los últimos años, la media de inversión pública estatal en Baleares ha sido del 0,7%. El peso de la población balear en el conjunto del Estado es del 2,2%.

El presidente Matas reclamó "lealtad" al PSOE para "garantizar" que se respete "básicamente" la integridad del Estatuto en las Cortes, e insistió en "abrir un espíritu de diálogo y consenso". Matas anticipó que "no entrará en ningún tipo de polémica estéril que no conduce a nada".

Además de la singularidad en financiación, el texto del nuevo Estatuto de Baleares presenta las siguientes novedades:

- Definición. El Estatuto actual define a Baleares como "una comunidad autónoma en el marco de la Constitución". La reforma señala: "La nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, como expresión de su voluntad colectiva y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y a las regiones, se constituye en comunidad autónoma dentro del marco de la Constitución y del presente Estatuto".

- Nuevas competencias. Entre las nuevas competencias que el Gobierno balear pretende se sitúan las referidas a la protección de personas dependientes, las políticas de igualdad de sexos, la integración social y económica del inmigrante, la pesca en el mar territorial y los bienes de dominio público y patrimoniales de titularidad autonómica.

- Disolución anticipada. El nuevo texto capacita al presidente de las Islas Baleares a disolver de forma anticipada el Parlamento para la convocatoria de elecciones.

- Instituciones. Se crea un nuevo Consejo Insular para Formentera (ahora existe uno común para Ibiza y Formentera), que estará integrado por los concejales del único Ayuntamiento de toda la isla. También se crea el Consejo Audiovisual de las Islas Baleares.

- Poder Judicial. La propuesta del PP no incluye, como ha ocurrido en las reformas estatutarias de Cataluña y Baleares, la creación de un Consejo de Justicia. Tan sólo se atribuye competencias para proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de justicia, ordenar los servicios de justicia gratuita y fijar las demarcaciones y capitalidad de órganos judiciales, así como las demarcaciones de notarías y registros.

- Mayorías necesarias para reformar el Estatuto balear. La norma vigente en Baleares en la actualidad establece que para acometer una reforma del Estatuto será necesaria la mayoría absoluta de los diputados autonómicos (el PP cuenta ahora con esa mayoría).

En el texto del nuevo Estatuto balear que se debate en el Parlamento se precisa que las reformas estatutarias que vengan a partir de la aprobación de la nueva norma requerirán una mayoría de dos tercios.

- Más poder para las cuatro islas. El PP defiende en el nuevo Estatuto la definición de "nacionalidad histórica" y la creación del nuevo consejo insular de Formentera (7.000 habitantes), que se segregará del consejo conjunto que actualmente forma con Ibiza (100.000). Con esta decisión del Gobierno de Matas, se configura "una nueva estructura institucional de la autonomía", que tiende "hacia el esquema de diputaciones vascas, sin el cobro de los impuestos", según el ponente del PP Joan Huguet.

Baleares se transformará en una especie de federación de cuatro autogobiernos insulares, con un Gobierno autónomo de representación y gestión para el conjunto de un millón de insulares.