El desmarque del PP

La dirección del PP se ha desmarcado oficialmente -a través de su secretario general- de la iniciativa anunciada el domingo por Zapatero de abrir formalmente el diálogo entre los poderes del Estado y ETA con el designio de acelerar el fin de la violencia; la decisión será comunicada durante el mes de junio por el presidente a las fuerzas políticas con representación en el Congreso. La adopción de esa medida, permitida al Gobierno por la moción de la Cámara aprobada el 17 de mayo de 2005, es el resultado de una "evaluación política global" -basada en informes de los servicios de inteligencia- en torno a la fiabilidad del alto el fuego permanente declarado por la banda el 22 de marzo. Sin embargo, la entrevista con dos portavoces de ETA publicada hace 10 días en Gara sobre el carácter condicionado y reversible de la tregua, la justificación de la kale borroka -se produjeron varias agresiones de ese tipo el pasado fin de semana- como legítima respuesta popular a la represión estatal y la intención de seguir recaudando dinero para cubrir "las necesidades económicas" de la organización empaña el optimismo gubernamental.

Zapatero admitió en el mitin de Barakaldo la existencia de "dudas razonables" acerca de la conveniencia de emprender otra vez el incierto camino recorrido sin éxito por Felipe González en 1989 y por José María Aznar en 1998. Esos duelos disfrazados de diálogo derrotan siempre al jugador que pestañea primero o que se deja engañar por el contrincante: las celadas de ETA y Batasuna o la incapacidad de sus dirigentes para impedir las escisiones dentro del nacionalismo radical podrían reproducir en el futuro las amargas frustraciones del pasado; aunque consciente de las dificultades de la empresa, el presidente del Gobierno afirma que el empeño merece la pena. Si la arriesgada apuesta no resultase ganadora, sin embargo, el coste político y personal para Zapatero sería insoportablemente elevado: a diferencia de González y de Aznar, que recibieron durante la tregua la colaboración respetuosa de Fraga y de Almunia como líderes del partido de la oposición, los dirigentes del PP le harían pagar muy caro al presidente del Gobierno el incumplimiento de unas expectativas de las que no sólo desconfían, sino que también temen.

Tras relacionar el mismo domingo la iniciativa de Zapatero con "el chantaje que ETA hace a 44 millones de españoles", Acebes negó anteayer el respaldo del PP a cualquier contacto del Gobierno con la banda terrorista que no sea la constatación notarial de su decisión irreversible de disolverse. Aunque el Grupo Popular boicotease en su día la moción aprobada hace un año por el Congreso, el secretario general del PP aduce ahora que no se dan las condiciones exigidas por la resolución para entablar el diálogo con ETA: una "clara voluntad" de abandonar las armas y "actitudes inequívocas" que prueben tal convicción. Sostienen que sólo la rigurosa aplicación de la política instrumentada por Aznar sería capaz de conseguir la rendición sin condiciones de ETA y el desarbolamiento del nacionalismo radical. Así pues, el cambio de rumbo impulsado por Zapatero no habría logrado sino resucitar el cadáver del terrorismo: o bien por una torpeza inexcusable, o bien por el criminal propósito de pactar secretamente con ETA al servicio del paranoico proyecto de romper la unidad de España en provecho del nacionalismo.

Pero la estrategia de Zapatero no es un gesto caprichoso o una fechoría irresponsable, sino la arriesgada tentativa de desbloquear la enrocada situación del País Vasco. Las invocaciones de Rajoy a una vuelta al constitucionalismo de la anterior legislatura son pura hipocresía: la alianza preelectoral entre los populares y los socialistas vascos para oponerse a los nacionalistas en los comicios autonómicos de 2001 saltó por los aires desde que el PP resolvió manipular a las víctimas y acusar al PSOE de traicionar a los muertos y ocultar la verdad sobre el 11-M. Y la afirmación según la cual Aznar habría conseguido acabar con ETA al final de su mandato se contradice desvergonzadamente con el desparpajo utilizado por Acebes -hace dos años como ministro del Interior y ahora como secretario general del PP- para atribuir a la banda la responsabilidad operativa del atentado de los trenes de la muerte.