Más paradojas y simetrías

Hace unos años, Miguel Ángel Aguilar expuso, en una memorable columna en este periódico, que la Historia es una sucesión de paradojas y simetrías, y es desde esta óptica desde la que se puede interpretar mejor el devenir de ciertos acontecimientos. En estos momentos en que dedicamos lo mejor de nuestra memoria a la Segunda República, se está produciendo una reforma encubierta de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, hecha con el pretexto de transponer la Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información.

Javier Solana y un grupo de políticos y expertos elaboraron entre 1984 y 1987 un corpus mecanicum que encerraba una filosofía -un corpus misticum- que ha servido como modelo a países tan distintos como Chile, Bélgica, Rusia, Colombia, Polonia, Canadá, Suecia e, incluso, ha inspirado reformas en EE UU y Japón. Además, y me parece de extraordinaria importancia resaltarlo, fue aprobada con el consenso casi unánime del Parlamento español.

Creadores y artistas reclaman un canon compensatorio por copia privada

La primera paradoja se produce al coincidir los veinte años de la ley, y su reforma revisionista, con los setenta y cinco de la proclamación de la Segunda República. Esa República que hoy vemos en los intelectuales y creadores que sufrieron el exilio -aquí otra paradoja- y que regaron de música, pintura, poesía, pensamiento y academia toda América. Gracias a ellos, España, más allá de los desmanes de la dictadura, siguió siendo país. Ellos custodiaron el imaginario colectivo y lo enriquecieron desde las cátedras, los conservatorios, los museos, las galerías de arte... Fue este mismo aliento el que alumbró la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y las Cortes Españolas sancionaron con un espíritu cercano al contrato social. Había que recuperar el tiempo y darle a la creación un espacio legal desde el que desarrollara un segundo Renacimiento que traería una España más beligerante en el plano internacional y una ciudadanía instruida e ilustrada. Y todo gracias a las obras que los creadores aportaban. Este espíritu de 1987 fue simétrico con el que en 1931 los intelectuales y creadores sacudieron la conciencia social adormecida y alumbraron la Segunda República. Y aquí viene la paradoja inexplicable. ¿Qué parte del discurso y de la praxis de la Segunda República se está celebrando, cuando sectores del Gobierno proponen y el Congreso de los Diputados acepta una reforma que condena al ostracismo a los autores de cine y obras audiovisuales en el espacio digital?; ¿qué progresismo hay en esas propuestas que impedirán a los creadores y artistas, si nadie lo remedia, participar en la explotación de sus obras, cuando gracias a ellas se pone en marcha un negocio de más de 7.000 millones de euros y a cambio sólo reclaman un canon compensatorio de copia privada que asciende a 70 millones de euros, esto es, más o menos un 1% del negocio?; ¿quién explica la propuesta de reemplazar la capacidad negociadora de autores y artistas con los sectores industriales cuando ambas partes discrepen por una comisión interministerial que podrá establecer tarifas sustitutorias?; ¿por qué los artistas y autores no pueden fijar las condiciones de uso de sus obras hasta que éstas pasen a dominio público y sean libremente utilizadas?

Mozart murió en la indigencia y desvalido, mientras hoy Austria celebra el 250º aniversario con negocios fabulosos de mercadotecnia y turismo cultural. Los creadores, en su mayoría, aceptan que su derecho de autor se extinga, a cambio de que durante el plazo de protección se respeten sus derechos económicos, que representan el salario con el que viven y mantienen a sus familias.

Desde la gesta de los mártires de Chicago hasta nuestros días, los trabajadores han consolidado un cuadro de mínimos que el Estado del bienestar respeta y que los sindicatos esgrimen para defender sus conquistas. Aquí viene otra simetría sangrante: esos mismos sindicatos no defienden a los creadores, ni secundan su lucha por preservar su independencia económica. Bien al contrario, hemos asistido al espectáculo bochornoso de leer el apoyo de Comisiones Obreras a una plataforma sostenida y financiada por las patronales tecnológicas contra la remuneración por copia privada.

¿Por qué ocurre esto? ¿Es que hay algún lector ingenuo que crea que si no hubiera creadores existirían películas, libros, discos, teatros, salas de concierto, tiendas de música, bares musicales, cines, fiestas populares, fábricas de productos para el uso y consumo cultural, emisoras de radio y televisión y un largo etcétera cuyo volumen de negocio se cifra en más de 10.000 millones de euros y en más de un millón de puestos de trabajo?

Pero es más, los proponentes de esta ley deberían consultar un estudio reciente del Real Instituto Elcano que analiza el llamado poder blando de los países más avanzados y el papel que España ocupa en ese ranking. Aquí viene la última y más elocuente de las paradojas. Somos, en términos contables, la octava potencia mundial. En cuanto a poder duro, estamos arriba en el top ten. Pero, ¿qué pasa con la imagen de España en el imaginario internacional? La realidad es que no contamos en ninguna de las listas en que se divide el análisis, salvo en una. Y, sorpresa, estamos a la cabeza del poder cultural, por delante de eminentes países detentadores del poder duro. Gracias a los creadores, a los Cervantes, Velázquez, Calderón, Goya, Murillo, Picasso, Dalí, Manuel de Falla, Albéniz, Aleixandre, Juan Ramón, Cela, Almodóvar, Amenábar, Saura, Miró, Tàpies, Casals, Barceló, Alejandro Sanz, Serrat, Mecano, Bunbury y otros muchos, España es hoy una potencia mundial. Y digo hoy, porque mañana, con una ley desvirtuada por las presiones de lobbies, no será suficiente para seguir tirando de la avanzadilla cultural; ni teniendo este idioma fantástico y universal, el español, vamos a poder seguir siendo esa potencia cultural de la actualidad. Todavía tenemos la esperanza de que el Senado devuelva al Congreso de los Diputados el texto, con la recomendación de reconstruir el espíritu y la letra de la ley de 1987 que ha permitido el desarrollo de unas industrias culturales competitivas e internacionalizadas y que ha dado a España una imagen de modernidad y creatividad. Si nadie discute la ventaja intrínseca para todos del Estatuto de los Trabajadores, ¿cómo hay algunos que cuestionan a estas alturas el Estatuto de los Intelectuales, que es la Ley de Propiedad Intelectual?

Eduardo Bautista es presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).