El Senado estadounidense declara el inglés "lengua nacional" ante el auge hispano

Los senadores que debaten el proyecto de ley de reforma de la inmigración se enzarzaron el jueves en una intensa discusión simbólica y política que desembocó en dos enmiendas sobre el inglés. En la primera, y para enviar un mensaje a los que temen los efectos de la creciente presencia de hispanos, el inglés fue declarado "lengua nacional". En la segunda, para suavizar el efecto excluyente, se consideró que es "el lenguaje común y unificador". El inglés no ha sido declarado nunca lengua oficial. Si ocurriera, todas las gestiones oficiales tendrían que hacerse en ese idioma.

En origen, la enmienda hablaba de "lengua oficial", pero la denominación se cayó en el forcejeo negociador. El proyecto de ley sobre inmigración del Senado debe aún ser votado y después conciliado con el que aprobó la Cámara en diciembre; en el de la Cámara, que es mucho más duro, no figura nada sobre el inglés, pero podría incorporarse, como moneda de cambio en el difícil proceso negociador que se avecina.

James Inhofe, el republicano de Oklahoma que propuso la primera enmienda y que habla bien español, dijo que el asunto era probablemente más importante para los estadounidenses que para los congresistas. De acuerdo con un sondeo de Zogby, el 84% cree que el inglés debería ser declarado idioma oficial de EE UU; una opinión compartida por el 77% de los hispanos en la que no hay una excesiva división por colores políticos: la oficialidad es respaldada por el 92% de republicanos, pero también por el 82% de los demócratas.

La primera enmienda, la de Inhofe, aprobada por 63 votos contra 34, declara que, al ser el inglés la lengua nacional, no se empleará otra en las declaraciones o en los servicios de alcance nacional, excepto en los casos en los que se garantice el empleo de otros idiomas por ley. Se requiere además a los inmigrantes que quieran ser ciudadanos estadounidenses que demuestren "una comprensión suficiente del idioma para su uso en la vida cotidiana". La enmienda busca "mantener y fortalecer" el inglés, pero no eliminar las disposiciones que exigen que ciertos documentos oficiales y determinados servicios se ofrezcan también en otras lenguas, desde las papeletas de voto hasta el derecho de contar con un intérprete en la comparecencia ante un tribunal.

La segunda enmienda, propuesta por el demócrata hispano Ken Salazar, declara que el inglés es la lengua "común y unificadora" y se aprobó por 58 contra 39 votos. Los adversarios de la primera enmienda denunciaron posibles repercusiones negativas y una contradicción con la orden ejecutiva firmada por el presidente Bill Clinton en agosto de 2000 en la que se establecían ayudas para los que no hablan inglés. En el calor del debate, Harry Reid, líder de la minoría demócrata, dijo: "La enmienda es racista; básicamente, va en contra de la gente que habla español", aunque 11 de sus compañeros de partido la apoyaron. Inhofe se sintió ofendido, y le pasó una nota a Reid mientras éste seguía hablando. El demócrata lo resolvió así: "Aunque creo que la enmienda es injusta, en absoluto he querido decir que Jim Inhofe lo sea".

En Arizona, mientras tanto, el presidente Bush -que dijo el pasado lunes que una de las condiciones para el proceso de legalización y obtención de la ciudadanía debería ser el dominio del inglés- explicó el sentido de la medida en los términos más suaves: "Si aprendes inglés y eres un trabajador que se esfuerza y tienes un sueño, vas a poder pasar de recoger productos en el campo a ser el dueño de una tienda, o de fregar el suelo de una oficina a ser el encargado de esa oficina".

Bush volvió a pedir la conclusión del proyecto de ley del Senado mientras visitaba una de las zonas menos protegidas de la frontera con México. El Senado votó el miércoles a favor de extender los actuales tramos de valla hasta los 582 kilómetros (de los 3.200 que tiene la frontera). Bush anunció que iba a pedir al Congreso 1.900 millones de dólares (1.490 millones de euros) para costear el despliegue temporal de 6.000 soldados de la Guardia Nacional y la incorporación de otros 1.000 agentes de la Patrulla Fronteriza a los 12.000 que actualmente tiene el cuerpo.