Pastor perdió la batalla ante Rato para una regulación financiera de la inversión en sellos
El Ministerio de Sanidad defendió hasta el final que no debía ni podía ejercer el control del sector
El Ministerio de Sanidad y Consumo, bajo el mando de Ana Pastor, perdió en el último trimestre de 2003 la batalla ante el Ministerio de Economía por la regulación eficaz de las inversiones en bienes tangibles, una actividad sobre la cual dicho departamento planteó que se trataba de una inversión de carácter financiero. Fue Sanidad y Consumo el que propuso la regulación, hasta entonces inexistente, pero al conseguir que se hiciera mediante la disposición adicional de la ley de inversión colectiva perdió la batalla precisamente al asignársele una supervisión para la cual, según hizo saber, carecía de medios.
El rompecabezas reconstruido por este periódico, a partir de entrevistas con diversas fuentes que participaron en la elaboración de la citada disposición transitoria, arroja el cuadro inequívoco de una batalla perdida.
A partir de septiembre de 2003, el Instituto Nacional del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, sugiere al Ministerio de Economía que los llamados bienes tangibles debían ser regulados. Fuentes consultadas dijeron que la preocupación era concreta: la presencia de ahorradores que estaban invirtiendo su dinero en actividades como la de los sellos.
En aquel preciso momento estaba pendiente la aprobación de la ley de sociedades de inversión colectiva. Entre septiembre de 2003 y noviembre de aquel año, Sanidad y Consumo trabajó para convencer al Ministerio de Economía de dos cosas: primero, era necesario regular un sector que operaba en el medio de un vacío legal; segundo, al tratarse, según Consumo, de una inversión de ahorradores el tema debía quedar en la órbita en la que se controlan esas actividades, es decir instituciones como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sanidad y Consumo logró, según las fuentes consultadas, que por fin se aceptara la necesidad de una regulación, pero al conocer que Economía le adjudicaba la labor de supervisión pasó a dar una segunda batalla: lograr que la actividad fuera considerada una inversión financiera completamente ajena a lo que era tradicionalmente el objeto del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Fuentes que participaron en los intercambios de opiniones entre el departamento de Pastor y el de Rato dijeron a este periódico que la resistencia de Economía a tratar la inversión de sellos, entre otros bienes tangibles, como una inversión financiera fue inamovible. Esas fuentes señalaron que la posición de Economía reflejaba a su vez el punto de vista del Banco de España y de la CNMV. Ya en 2002, tanto Economía como las dos instituciones citadas no consideraron que fuera de su competencia adoptar un control de las mencionadas actividades, tal como le había solicitado a través de una denuncia la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae).
"Cuando se recibió en el Ministerio de Sanidad y Consumo el texto de la disposición adicional número cuatro para realizar el informe preceptivo era claro que la posición defendida hasta entonces, a saber, de que estas actividades eran inversiones financieras, había perdido la batalla. Porque la supervisión se atribuía a Consumo. En el informe realizado por Consumo sobre el texto de la disposición adicional se volvió a defender la posición, sin éxito", señaló una de las fuentes consultadas.
Miembros del Ministerio de Economía en aquellos días de septiembre-noviembre de 2003 dijeron a este periódico que la Subsecretaría de Economía, ante el hecho de que entidades como la CNMV rechazaran su competencia en las citadas actividades, llegaron a solicitar un informe Servicio Jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. "Allí surgió que la competencia era de Sanidad y Consumo", señaló la fuente consultada.
Sin embargo, el equipo de Sanidad y Consumo sostiene, en comentarios a éste periódico, que la preocupación por la inversión en sellos en dicho departamento, no provino del mencionado informe. "Nuestros motivos eran más concretos. Había una gran cantidad de inversores en una actividad que no estaba regulada. Y presentaba riesgos potenciales. Eso era todo", dijo la fuente consultada.
Una vez perdida la batalla por la supervisión de las inversiones en sellos como si se tratase de una variante más de inversiones financieras, Sanidad y Consumo, dijeron las fuentes, decidió asumir lo que era ya un hecho consumado: la supervisión. Los técnicos, con el acuerdo de la ministra de Sanidad, se entrevistaron con miembros del Ministerio de Economía y enviaron cartas (dos según informó Ana Pastor a EL PAÍS) en las que pusieron de relieve que se necesitaban nuevos recursos y un desarrollo jurídico más detallado para actividades como la de los sellos.
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