La mafia que puso a São Paulo de rodillas

Jonathan era un joven de 19 años que, como otros tantos de una barriada empobrecida del norte de São Paulo, había dejado de ir al colegio hace años y no tenía trabajo conocido. El martes fue tiroteado por la Policía Militar al no detenerse el coche en el que viajaba en un control. Cuando los agentes se acercaron a su cadáver aún empuñaba una pistola de mediano calibre con las siglas PCC grabadas en la culata y de su cuello colgaba una placa dorada con una inscripción: "Paz, Justicia y Libertad". En uno de sus bolsillos, los agentes encontraron un papel del Primer Comando de la Capital (la organización criminal que ha puesto en jaque al Estado de São Paulo durante cuatro días), con la palabra vestibular escrita en él.

El 70% de los secuestros son planificados y ordenados desde dentro de las prisiones

"Se trata de una especie de salvoconducto que dice que el chico es un aspirante a entrar en la banda, para muchos jóvenes es un sueño. Las palabras de la placa son el lema del PCC", explica un policía. La familia de este agente, de unos 50 años y con un hijo también policía, ha pasado cuatro días fuera de su hogar, refugiada en casa de unos familiares en otra zona de la capital paulista, pendiente del teléfono mientras radios y televisiones retransmitían en directo desde helicópteros asaltos y tiroteos. "Ha sido una gran victoria del crimen organizado. Ellos dicen que van a actuar y se van a casa", se lamenta el sociólogo Demetrio Magnoli.

Y el vencedor es Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que dirige la organización fundada por ocho presos hace 13 años durante un partido de fútbol en el penal de Taubaté, a 130 kilómetros de São Paulo. Seis están muertos y los otros dos, aún presos, apartados de la organización. Marcola, condenado a 44 años por el asalto a un banco y cuyo libro de cabecera es El arte de la guerra del chino Sun Tzu, se ha abierto paso hasta la cúpula, ha eliminado a sus rivales, ha evitado traiciones y hoy dirige con mano de hierro una engrasada maquinaria que asegura "combatir la opresión dentro del sistema penal paulista", pero que en la práctica extiende sus redes mucho más allá de los muros de las atestadas prisiones de São Paulo.

Aunque apela a la simbología (utiliza el ying yang como bandera y los números 15.3.3 como seña de reconocimiento) el PCC basa su poder en una financiación bien estructurada. Los miembros de pleno derecho, denominados hermanos integrados y que la policía estima en 130.000, pagan una cuota mensual que va de los nueve euros (25 reales) de quienes se encuentran presos en régimen cerrado, a los 177 euros (500 reales) de quienes viven fuera de la prisión. A estas aportaciones hay que añadir los pagos que realizan los familiares tanto en sus visitas a prisión como en el exterior. "Creemos que, como mínimo, manejan más del millón de reales al mes [350.000 euros]", advierte João Rinaldo Machado, presidente del sindicato de Trabajadores Penitenciarios de São Paulo.

Con este presupuesto, la dirección de PCC, desde la cárcel, controla el tráfico de drogas, ordena la compra de armas, secuestros y organiza acciones delictivas de gran impacto, pero también fleta autobuses para que los familiares de sus miembros les visiten en la cárcel, distribuye cestas de alimentos entre presos, organiza fiestas en las cárceles o compra juguetes a los hijos de sus miembros en prisión. Además, otorga asistencia jurídica a los reclusos, compra equipos de televisión para la cárcel -indispensables ante la proximidad del Mundial de fútbol- e incluso paga cursos de derecho para tener abogados aliados. Machado denuncia que muchos directores de prisiones se aseguran la tranquilidad en sus centros y su seguridad haciendo concesiones a los presos. "Hay un trabajo excesivo para los guardias. No pueden acceder a los pabellones si no pactan antes el número de guardias que van a entrar con los presos. Y mucho menos pueden entrar en las celdas".

Al igual que numerosos estamentos, Machado opina que el principal arma del PCC es el teléfono móvil. La policía de São Paulo estima que el 70% de los secuestros que se producen en el Estado son planificados y ordenados desde el interior de las prisiones. Los jefes de PCC no utilizan móviles con números originales, sino clonados, es decir, replicados de números auténticos de usuarios en el exterior de la prisión, lo que complica el seguimiento de las llamadas. La ejecución de las órdenes sigue un sistema jerarquizado. En lo más alto se encuentran los denominados torres, seis personas subordinadas a Marcola, que forman parte de la dirección del PCC. Sus instrucciones son transmitidas a los pilotos -que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de las cárceles- que a su vez las replican a los soldados, también jerarquizados a su vez, encargados de ejecutarlas. En menos de una hora con este sistema, el PCC se ha mostrado capaz de coordinar ataques en masa contra comisarías de policía o decenas de motines por todo el Estado. La policía asegura que los abogados también pasan órdenes al exterior.

Las redes de contactos del PCC llegan hasta los lugares más reservados de la Administración brasileña. Ayer se conoció que los líderes del PCC tuvieron acceso apenas 24 horas antes del comienzo de la revuelta a las declaraciones secretas hechas por dos altos responsables policiales de São Paulo ante una comisión del Congreso brasileño. Los policías revelaron su intención de trasladar a la dirección del grupo criminal a un penal situado a más de 600 kilómetros de la capital paulista para tratar de entorpecer sus actividades. El técnico encargado de grabar las declaraciones ante los diputados vendió por 71 euros (unos 200 reales) los dos CD donde se registraron los planes policiales. Con esta información, la cúpula del PCC sabía de antemano cuándo tenía que actuar y cómo. El autor de la venta ha reconocido que sabía que los abogados a los que estaba vendiendo las grabaciones eran del PCC, pero aseguró desconocer "la inmensidad" de lo que iba a provocar. "Es que gano poco", dijo.

El PCC quiere presentar un candidato -naturalmente oculto- a las elecciones legislativas de octubre tanto al Congreso federal como al Estado de São Paulo. Según los datos que maneja el Departamento de Investigaciones sobre Crimen Organizado, el grupo está invirtiendo unos 350.000 euros (700.000 reales) en la campaña. Las investigaciones se centran en saber quiénes son los candidatos.