PNV y PP de Vizcaya piden anular la liquidación de las cámaras urbanas

Los grupos junteros del PNV y del PP en Vizcaya han unido sus fuerzas para pedir al Gobierno vasco que paralice la aplicación del decreto que liquida la Cámara de la Propiedad Urbana procincial. Aunque el decreto ha sido elaborado, además de por Vivienda, por Función Pública, un área dirigida por el PNV, ambos partidos reclaman su suspensión "porque la cámara de Vizcaya es plenamente solvente".

La propuesta del PNV y del PP plantea dejar en suspenso un decreto cuya legalidad y procedencia, desde que entró en vigor el 31 de enero, ha defendido hasta el Tribunal Superior de Justicia vasco. Los anteriores responsables de las tres cámaras de la propiedad urbana solicitaron la suspensión cautelar del decreto y el Superior no solo se negó a hacerlo, sino que aclaró que la única personalidad jurídica que tienen las denominadas cámaras oficiales de la propiedad es la que les otorga el derecho público. Una legitimación que el decreto extingue pero no por voluntad propia del Gobierno vasco, sino obligado por un Real Decreto de 1994 que todos los tribunales han legitimado como de obligado cumplimiento.

Es decir, los directivos de las cámaras urbanas no pueden invocar el derecho de asociación para continuar como están, y tiene que culminarse el proceso de liquidación, de asunción pública del patrimonio y de incorporación al sector público del personal que esté fijo desde 1990. El auto fue notificado a finales de febrero.

Pese a ello, las Juntas Generales de Vizcaya tienen previsto discutir hoy una proposición no de norma que consta de tres puntos. En el primero, ambos partidos piden al Gobierno la suspensión de la aplicación del decreto. Fuentes judiciales constataron ayer que se trata de una contradicción, "posiblemente provocada por la ignorancia", que el PNV y el PP soliciten en las Juntas Generales de Vizcaya que se incumpla la ley. En el segundo y tercer puntos de la proposición, estos dos partidos, -que por unanimidad respaldaron en el Parlamento vasco la liquidación de las tres cámaras- reclaman que, subsidiariamente, si no se puede paralizar el proceso, se les garantice su imagen corporativa; se facilite la prestación de todos los servicios, y, una vez finalizado el proceso, se financie con fondos públicos la actividad de las nuevas cámaras como asociaciones privadas.

La proposición llega cuando todavía la Agencia de Protección de Datos no ha definido si una asociación privada, que es con la personalidad con la que pretenden continuar funcionando los directivos de las cámaras disueltas, puede utilizar las bases de datos públicas. En el caso de Vizcaya, los datos de los propietarios para facturarles la cuota asociativa era facilitada por la Diputación. Si lo hace ahora, podría tener problemas en el caso de que sea demandada por cualquiera de los propietarios por vulneración de sus datos.