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Los responsables de dos de las entidades siguen cobrando sus sueldos

Desde la entrada en vigor del decreto de disolución, a finales de enero, las cámaras están controladas por el Departamento de Vivienda, congtrolada por EB. Sin embargo, ha sido el área de Función Pública, en manos del PNV, quien ha autorizado que los secretarios generales de Vizcaya y Guipúzcoa -Álava no tenía- sigan percibiendo sus elevadas nóminas, a pesar de no tener ya funciones y quedar al margen de la aplicación del decreto.

La figura de los secretarios generales, cuerpo nacional ya extinguido, ha encarecido la estructura de gastos de estas dos cámaras, hasta el punto de que el sueldo del de Guipúzcoa suponía, en 2002, el 18% de todo el coste salarial de las 17 personas de plantilla. A finales de 2003, entre el salario y otras retribuciones, recibió 91.714,5 euros, según datos de la auditoría encargada por el Ejecutivo. El de Vizcaya recibió en el mismo periodo 119.957,8 euros, el 12% de todos los gastos salariales de las 26 personas de plantilla.

El Gobierno encargó auditorías de las tres cámaras en los ejercicios de 2003, 2004 y 2005, para conocer la situación real de las instituciones tras la entrada en vigor del decreto que las liquida como corporaciones de derecho público.

El Ejecutivo quiere comprobar si, sobre todo las entidades de Vizcaya y Guipúzcoa, se siguieron aplicando en esos años los mismos criterios de gestión que les llevaron a perder entre 1999 y 2002 más de dos millones de euros, el 11,3% de los 17,6 millones de patrimonio que acumulaban.

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