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El Parlamento obliga a Macho a volver a informar sobre la evaluación al Gobierno

La oposición considera que la presidenta del Tribunal de Cuentas obvió un mandato legal

Los 31 votos de los tres grupos del Gobierno -faltaba el lehendakari- no resultaron ayer suficientes para proteger a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Asunción Macho, de una iniciativa socialista, idéntica a otra ya presentada en noviembre, que le obliga a presentar y explicar a la Cámara un nuevo informe en el que especifique las carencias que encuentra el órgano fiscalizador para evaluar adecuadamente la eficacia y la eficiencia del gasto del Ejecutivo. El debate se convirtió en una reivindicación unánime de la oposición de la autoridad del Parlamento sobre el órgano auditor, hasta el punto de que EHAK, que se inhibió en noviembre, votó ayer junto a PSE y PP para que Macho se someta al mandato de la Cámara.

Con la aprobación de esta iniciativa, la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas, elegida para el cargo de consejera por el PNV, suma dos reconvenciones de la Cámara. La anterior, hace dos semanas, le obligó a incluir la fiscalización del plan Ibarretxe al programa de trabajo para este año, del que el tribunal lo había eliminado junto con otros encargos de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, de la que depende formalmente.

Los grupos del tripartito intentaron defender a Macho con el argumento de que los problemas que tiene el órgano fiscalizador son los mismos que afrontan las instituciones homólogas de otras comunidades autónomas.

El portavoz del PNV en el debate, Ricardo Gatzagaetxebarria, citó autonomías gobernadas tanto por el PP como por el PSOE para justificar que las carencias que se dan en Euskadi resultan comunes a todas ellas y se deben básicamente a la inexistencia de indicadores que permitan comparar objetivos con resultados. El representante de Ezker Batua, Antton Karrera, señaló que el Gabinete ha comenzado a realizar su propia evaluación interna de eficacia y eficiencia y que el Departamento de Vivienda, en manos de su partido, será el primero en someterse a ella.

Sin embargo, el debate fue por otros derroteros, porque tanto la socialista Joana Madrigal, cuyo grupo proponía la iniciativa, como el popular Antón Damborenea se centraron en reivindicar la autoridad del Parlamento sobre el Tribunal de Cuentas y la necesidad de que su presidenta se remita en los informes que envía y en las comparecencias que realiza a cumplir el encargo que haya recibido de la Cámara. "No hablamos de eso, sino de si el tribunal se sube a la chepa del Parlamento o hace lo que se le manda, con respeto a los principios de democracia, división de poderes y cumple las encomiendas que se le hacen", argumentó Madrigal.

La parlamentaria socialista consideró que, al no cumplimentar la petición de la Cámara en su primer informe y comparecencia, Macho ha causado, entre otras cosas, "una pérdida de tiempo inadmisible", ya que la proposición aprobada ayer es idéntica a la aprobada en noviembre.

Madrigal se felicitó de que el Gobierno se evalúe también a sí mismo, pero insistió: "Quien tiene que hacer esa evaluación es el Tribunal de Cuentas, que es el órgano especializado". La representante del PSE se quejó de que, habiendo sido la Cámara vasca "pionera" en introducir esa potestad en la ley que regula la institución, nunca la haya ejercitado.

Mientras, Damborenea apuntó que el tribunal "no es un poder, sino un órgano asesor y dependiente del Parlamento para el que elabora informes, estos sí independientes".

El parlamentario del PP instó a los grupos del tripartito, al propio Ejecutivo y a Macho a "reflexionar" sobre el hecho de que el órgano fiscalizador haya quedado históricamente fuera del debate partidista y casi siempre haya aprobado sus informes por unanimidad y ahora ya no sea así. "Los grupos de la oposición tenemos la impresión de que ya no es un órgano independiente, sino al servicio del Gobierno", argumentó.

El portavoz popular ancló esta afirmación en el hecho de que el informe que la presidenta presentó a la Cámara en respuesta al primer requerimiento de noviembre pasado fue un calco de una enmienda que el tripartito perdió en votación en la Cámara. "Hizo lo contrario de lo que se pidió aquí: lo que quería el Gobierno y el tripartito defendió en su enmienda", añadió. Damborenea llegó a sugerir una reforma de la ley que regula el tribunal para que en caso de incumplimiento de un mandato parlamentario "se estipulen sanciones, igual el cese inmediato" de su responsable.

Gatzagaetxebarria recordó que el tribunal no está compuesto por una sola persona y que es un órgano plural -en este momento con mayoría de consejeros nombrados por las formaciones nacionalistas-. Defendió a su presidenta y sostuvo que cumplió su cometido "con honestidad". Aunque reconoció que "falta un modelo para evaluar bien" subrayó que el problema existe, "aquí y en todas partes". Gatzagaetxebarria apostó por una Mesa de Coordinación de todas las administraciones donde se establezcan los modelos de medición y evaluación.

Regreso al punto de partida

Con la decisión de ayer el asunto vuelve exactamente al punto de partida seis meses después. El 18 de noviembre, el pleno aprobó una iniciativa socialista, apoyada por el PP y Aralar, que pedía al tribunal un informe precisando las "carencias", por él mismo señaladas genéricamente, que encuentra para evaluar adecuadamente al Ejecutivo. La enmienda del tripartito ni llegó a votarse.

El 28 de marzo, la presidenta del Tribunal compareció en comisión con una propuesta que no detallaba las "carencias" como se le había pedido y que se parecía "como una gota de agua a otra", según fuentes de la oposición, a dicha enmienda del tripartito.

El 7 de abril, el PSE decidió reiterar en términos idénticos su iniciativa de noviembre, al estimar que no había quedado satisfecha, y fue admitida a trámite por la Mesa.

El PNV intentó después que el órgano de gobierno de la Cámara diese marcha atrás en esa decisión e impidiera su tramitación, apelando a que se trataba de un asunto ya visto. La Mesa desestimó la petición y el pleno de ayer le dio el espaldarazo por 37 votos -PSE, PP y EHAK- frente a 31 del Gobierno. EHAK explicó su implicación esta vez en la votación en que lo que se dilucidaba era una cuestión de respeto al Parlamento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de mayo de 2006

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