La Fiscalía del Superior asume la denuncia sobre la gestión pública de la eliminación del lindane

La Fiscalía del Tribunal Superior está investigando si pudo haber alguna actuación delictiva en la gestión del Departamento de Medio Ambiente para solucionar el problema de los residuos de lindane. En un oficio dictado el pasado 8 de marzo, ha pedido a un juzgado de Bilbao que le remita un informe sobre varios sumarios relacionados con este asunto, especificando la situación de las diligencias judiciales y si ha habido resoluciones.

La actuación se produce tras la remisión de documentación sobre el caso a la Fiscalía Anticorrupción por parte de la asociación ecologista Lur Maitea. Anticorrupción ha enviado el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior por estimar que es la competente para investigarlo.

El colectivo ecologista considera que Medio Ambiente cometió prevaricación y un delito ecológico en sus actuaciones para neutralizar el lindane, que consistieron en el desmantelamiento de una planta que produjo dicho pesticida y la construcción de dos depósitos bajo tierra -en el aeropuerto de Loiu y en el monte Argalario, de Barakaldo- para enterrar más de 440.000 toneladas de suelos contaminados, desperdigados en 35 focos. "No sólo ha actuado pasiva y permisivamente para propiciar conductas ilegales, sino que ha existido una actuación de connivencia activa, consciente y prolongada en el tiempo, cuyo resultado ha sido el favorecimiento de delitos contra el medio ambiente", dicen los ecologistas. Ello ha supuesto, añaden, "el ilegítimo lucro de particulares a costa de los intereses y del erario públicos".

La demanda, presentada en un juzgado de Barakaldo en 2001, denuncia la actitud mantenida con una de las dos empresas que fabricaron el lindane en Euskadi, Bilbao Chemicals. En concreto, cita la operación para adquirir la finca de esta planta, que obligó al Gobierno en 1995 a pagar 70 millones de pesetas (420.000 euros), "cuando el coste de descontaminación se presupuestó en 505 millones (tres millones de euros)" y el terreno "se había valorado en nueve millones (54.000 euros)".

La demanda señalaba que Medio Ambiente cooperó "activamente en la realización de un negocio inmobiliario sustancioso" al permitir a una empresa "vender a precio especulativo a la propia Administración el inmueble". El Ejecutivo adujo entonces que la operación era la única manera para empezar a resolver el problema del lindane.

Además, se refiere a presuntas anomalías en el modelo elegido de las celdas de seguridad de estos residuos, que estima insuficientes "para acoger toda la masa de lindane", además de mantener "indefinidamente vertederos o depósitos para albergar el producto".