La marcha por una buena muerte
Grupos de Derecho a Morir Dignamente quieren radicalizar sus campañas para forzar al Gobierno socialista a cambiar la ley
La muerte de Jorge León ha reabierto el debate sobre la eutanasia pese a no tener nada que ver con esta polémica figura. "Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado", dice la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002. Es decir, los médicos no pueden imponer tratamientos si el enfermo, con facultades mentales plenas, los rechaza. La ventilación mecánica, como la alimentación artificial, exige del consentimiento del paciente, y no se puede obligar a ninguna persona a prolongar su vida con medios artificiales en contra de su voluntad. Fue el caso del tetrapléjico de Valladolid, que vivía con respiración artificial contra su voluntad.
"¿Por qué la legislación me permite disponer de mi vida salvo si necesito ayuda de otra persona?"
La lucha por la salud arma de coraje al enfermo mientras es posible sanar. Después, la batalla contra la muerte puede convertirse en un martirio insoportable. Pero la cuestión de la eutanasia (etimológicamente, la buena muerte) provoca enconados debates, incluso cuando sólo se trata del derecho de un paciente a decidir sobre los tratamientos que se le ofrecen. Fue la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como ley Lluch
[en referencia al ministro Ernest Lluch, asesinado por ETA en 2000], la que reguló esta materia, sin llegar a rozar siquiera el asunto de la eutanasia, pero proclamando los derechos de "todos a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico".
La cuestión ahora es discernir por qué merece un juicio penal y moral diferente la desconexión de un aparato de respiración asistida con consecuencias mortales, que la administración de una sobredosis de barbitúricos con consecuencias también mortales. Es lo que plantea Derecho a Morir Dignamente (DMD), creada hace 22 años. Varios de sus colectivos quieren radicalizar ahora los mensajes y aumentar las críticas a la pasividad del Gobierno. "Existen varias velocidades: Madrid tira mucho, Galicia a ratos y Cataluña se resiste. Hoy mismo nos planteábamos lanzar una campaña de socios que fuera provocativa, algo así como: Si somos 40.000, nosotros te ayudaremos, cosa que creo que hacemos ya", explicó un directivo nada más conocer la muerte de Jorge León.
Con una estructura sólida y miles de voluntarios, las federaciones de DMD podrían burlar el Código Penal y al sistema judicial, además de provocar un acelerón en el cambio de leyes. "Sería posible", añade. DMD conocía la situación de Jorge León, pero no intervino en sus decisiones. "Nuestros esfuerzos se dirigen a cambiar la ley, no a actuar en la clandestinidad. Si una persona quiere intervenir en casos como éste, está obligada a abandonar la asociación", declaró a EL PAÍS Aurora Bau, presidenta de DMD en Barcelona.
Es la tesis oficial de DMD, al menos hasta hace unos 10 años. La situación podría cambiar. No hay un solo grupo, sino varios, en una federación que coordina poco porque tiene mucho trabajo. "No hay contradicciones, pero sí mucha diversidad. La cuestión no es si ayudar a morir a Jorge León ha sido legal o no, discutible y que pertenece al ámbito jurídico, sino cuál es la postura de DMD ante el sufrimiento irreversible, si creemos que el ser humano tiene derecho a dimitir de su vida, a morir en libertad, y si apoyamos a las personas que ayudaron a Jorge León y a las que lo harán en similares circunstancias. La legalidad, sin jurisprudencia y con interpretaciones contradictorias, da mucho de sí. Ayudar a morir a Jorge León no sólo no es ilegal, sino que es una obligación moral, un deber de ciudadano. La ley sólo sirve para justificar una realidad hipócrita, en la que parece que no pasa nada, cuando todo pasa. No sirve, es necesario cambiarla. Hemos de apoyar a los que ayudaron a Jorge con rotundidad, sin titubeos. DMD tiene que ir a la cabeza, no en la cola", subraya un dirigente que pidió el anonimato.
Más analítico y desde una amplísima experiencia, el presidente de DMD Madrid, el doctor Fernando Marín, lo plantea así, por escrito: "Para abordar la realidad, muchas veces tenemos que parcelarla, poner rayas ficticias que se supone nos ayudan a distinguir entre lo que está bien y está mal. Pero en este tema la bioética nos lleva a una situación que desde el sentido común es absurda. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda renunciar a su vida cuando ésta depende de una máquina como un respirador, pero no si respira de forma autónoma? ¿Por qué es lícito sedar a una persona que expresa su voluntad de no seguir sufriendo, pero no [darle] un cóctel que le causa la muerte en unos minutos cuando eso es lo que desearía? ¿Por qué la legislación me permite disponer de mi vida salvo si a consecuencia de la enfermedad necesito la ayuda de otra persona? El sentido común nos dice que antes que nada somos libres y que esa libertad se debería poder ejercer hasta el último segundo de nuestra vida. Es una cuestión de respeto y de solidaridad".
