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Editorial:

Alba

El ingreso hospitalario el pasado 4 de marzo de una niña de cinco años, Alba, con un gravísimo traumatismo craneal por malos tratos puso de manifiesto graves disfunciones en los organismos encargados de la protección de los menores. Pese a que habían intervenido dos juzgados, tres cuerpos policiales y tres administraciones públicas, nadie había sido capaz de evitar que Alba sufriera una agresión por parte del compañero de su madre que la llevó a las puertas de la muerte. Dos meses después, mientras la niña permanece ingresada con gravísimas secuelas cognitivas y motoras, algunos de los organismos responsables de esa grave negligencia no sólo no han reconocido sus fallos, sino que han reaccionado con prepotencia a las críticas que les llegan de fuera.

A los pocos días de conocerse el caso, el Defensor del Pueblo catalán, el Síndic de Greuges, abrió una investigación cuyo resultado es un demoledor informe en que se observa descoordinación policial y judicial, y falta de diligencia por parte de los servicios sociales. El Síndic observa que desde 2004 había indicios claros de riesgo de malos tratos, que no fueron ni observados ni interpretados correctamente, y señala a la Dirección General de la Infancia del Departamento de Bienestar Social y Familia como la institución más responsable, porque es la que tenía toda la información, además de los recursos para intervenir. La niña no sólo había sido ingresada varias veces con signos de malos tratos, incluida una fractura ósea, sino que se había notificado retraso evolutivo, absentismo escolar, falta de higiene, ausencia de controles médicos, que deberían haber encendido las alarmas.

En lugar de acatar las críticas y acoger el informe con la humildad y el propósito de enmienda que el caso requiere, la hasta hace unos días consejera de Bienestar Social, Anna Simó, de ERC, respondió rechazando sus valoraciones y anunciando un contrainforme. Pero con ser esto grave, más lo es que su partido se permitiera tachar el informe de "poco riguroso y partidista", y descalificar al Síndic acusándole de extralimitarse en sus funciones y actuar de forma "más propia de la fiscalía que de la institución que representa". El tono insolente hacia una institución que vela específicamente por la protección de los ciudadanos frente a los abusos y carencias de las administraciones resulta especialmente irritante en un caso de negligencia tan evidente que debiera haber llevado a la consejera, ahora ya en situación de cese por la crisis del tripartito catalán, a depurar responsabilidades internas sin que nadie se lo pidiera. Es de esperar que quien la sustituya en el cargo tenga en cuenta el informe del Síndic y corrija las deficiencias que señala.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de mayo de 2006