¿Nos escucha Bush?

La segunda mitad del último mandato presidencial de George W. Bush, en niveles históricos de impopularidad, amenaza con convertirse en una enorme tortura para él y sus colaboradores más estrechos, los que no han decidido apearse de un periodo de gobierno que ya ofrece pocas esperanzas de enderezarse. Las nuevas revelaciones sobre un ingente sistema de vigilancia telefónica a ciudadanos estadounidenses en todo el país puede estar generando ya estos días una presión insoportable sobre la Casa Blanca.

El diario USA Today volvía el viernes a la carga con un informe sobre las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), y hablaba nada menos que de millones de conversaciones telefónicas grabadas e identificadas en todo el territorio, con la cooperación necesaria de las tres mayores grandes compañías telefónicas del país. Si en su día la NSA dijo que sólo controlaba llamadas con el exterior -y no contenidos, sino conexiones y contraste de números-, el diario asegura que el control masivo está volcado sobre las llamadas nacionales. De ser escuchas sobre el contenido, la violación de la ley estadounidense sería flagrante.

Bush insiste en que no ha habido escuchas y que su Gobierno defiende a ultranza la intimidad de los ciudadanos. Pero las contradicciones se acumulan y va a ser difícil de explicar sin consecuencias políticas una vigilancia tan amplia. A medida que se suceden las revelaciones, además, son cada vez menos los que creen a un presidente con la credibilidad por los suelos. Es de esperar que el Congreso y los ciudadanos exijan que se haga toda la luz para evitar que la lucha global antiterrorista, en cuyo nombre se han cometido ya innumerables desafueros, acabe también con el ejemplar derecho a la privacidad de los estadounidenses.

La interminable cadena de fiascos en Irak, la parálisis en numerosos frentes internos y externos, y las contradicciones y mentiras acumuladas en seis años por la Administración republicana se han convertido ya en losas casi insoportables con vistas a las próximas elecciones para la renovación parcial del Congreso. En todo caso, los legisladores en Washington tienen sobrados motivos para reactivar la fiscalización de unas prácticas que, de ser ciertas en sus peores detalles, amenazan la libertad de los estadounidenses y atentan contra los principios básicos de la gran democracia.