"Si aparecemos, el PR y yo saltamos"

"Si aparecemos, el PR y yo saltamos". El primer ministro francés, Dominique de Villepin, autor de este comentario angustiado sobre un montaje que descarrilaba, y el presidente de la República, Jacques Chirac -PR en las fichas que escribía el general de los servicios de espionaje Philippe Rondot, que han acabado en manos de los jueces que investigan el caso Clearstream-, ya deberían estar ahogados o haber llegado a tierra tras saltar por la borda del poder político.

Pero dos semanas de constante goteo sobre los tejemanejes de estos personajes, con la ayuda de Jean Louis Gergorin -un brillante analista de los servicios de inteligencia reconvertido en ejecutivo del consorcio aeronáutico EADS, que ahora ha debido abandonar-, para implicar al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, en una falsa trama de corrupción para frenar su carrera política, no han logrado que se mueva nada en las alturas.

Pese al escándalo, que ha salpicado a otra ministra, nada se mueve en las alturas

Desde el palacio del Elíseo y el hotel Matignon -sede del Gobierno- se niega la mayor, aunque no se desmientan los hechos que revela con tozuda regularidad el diario Le Monde, que ha demostrado tener acceso al contenido del sumario. Chirac refrenda una y otra vez su confianza en Villepin y denuncia "la dictadura del rumor y de la calumnia" y "la explotación hasta el ultraje de los procedimientos judiciales". El primer ministro usa su habilidad retórica para explicar que nada es lo que parece. Mientras, la víctima Sarkozy desmintió ayer los rumores de que dimitirá, informa France Presse, y dijo que seguirá "al servicio de la seguridad de Francia", ante miembros del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular, que preside.

Una cosa está clara: los espías reales son más lerdos que los de John Le Carré, y los tiburones de la política se rompen los dientes contra las piedras. Porque, en último término, el caso Clearstream se reduce a una manipulación poco elaborada de un listado de cuentas bancarias de la sociedad luxemburguesa de servicios financieros que le da nombre, que funciona como una caja de compensación bancaria. Y poco más.

En el origen del embrollo está el periodista Denis Robert, que publica en 2001 el libro Revelation$, un alegato contra las sociedades Cedel Internacional y Clearstream, a las que acusa de funcionar como máquinas de blanqueo de grandes sumas de dinero procedentes de corrupciones y comisiones ilegales que involucrarían a políticos y altos funcionarios, así como al crimen organizado. Nadie ha desmontado la tesis de Robert.

Pero, en marzo de 2003, el periodista entrega uno de los listados de Clearstream que le sirvieron para escribir el libro a Imad Lahud, que se había puesto en contacto con él asegurándole que también investigaba la empresa. En realidad, Lahud, un especialista informático de pasado oscuro, trabajaba para los servicios secretos franceses y había sido contratado por Gergorin.

Lahud, que el viernes fue interrogado por los jueces y cuyo domicilio fue registrado, manipula supuestamente la lista por orden de Gergorin, e introduce cuentas a nombre de políticos y empresarios con dos objetivos: para usarla en la guerra interna que se desarrolla en el consorcio EADS y para desacreditar a potenciales rivales políticos. Dos cuentas están a nombre de Stéphane Bocsa y Paul de Nagy. El nombre completo del ministro del Interior es Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy Bocsa, y figuran también cuatro ex ministros: Jean-Pierre Chevènement, Alain Madelin, Dominique Strauss-Khan y Laurent Fabius, además de banqueros, militares, empresarios y rivales en la lucha por EADS.

El siguiente paso es relacionar la lista falsa con un escándalo de altura: las millonarias comisiones pagadas por Taiwan por la compra de siete fragatas a la empresa Thompson a principios de los noventa, un asunto que investiga el carismático juez Renaud van Ruymbeke. Aquí empieza la supuesta conspiración que involucra a Chirac, Villepin y el general Rondot, y que además ensucia a la ministra de Defensa, Michèle Alliot-Marie y al propio juez Van Ruymbeke.

A finales de 2003, Villepin, entonces ministro de Exteriores, convoca a Rondot a su despacho, donde también se encuentra Gergorin. Según las fichas manuscritas que el general guardaba en su caja fuerte antes de que se las llevaran los jueces, se habla sobre las comisiones y Gergorin saca de su bolsillo la famosa lista. Según Rondot, Villepin le dio a entender claramente que las órdenes procedían del presidente de la República. El general se pone al trabajo y pronto sospecha que el documento es falso.

Paralelamente, Gergorin intenta que las listas vean la luz por otro camino. A finales de abril de 2004 visita de incógnito al juez Van Ruymbeke y le comunica que tiene información del caso de Taiwan, pero que no puede actuar abiertamente porque está amenazado de muerte. El juez acepta que las listas le lleguen de forma falsamente anónima, y así lo hace constar en el sumario. Pero es un abogado amigo de Gergorin quien se las entrega. Gergorin también hace llegar las listas al semanario Le Point, que al publicarlas las saca a la luz pública antes del verano de 2004.

Mientras, el general se multiplica en reuniones a varias bandas de cuyo contenido toma nota de forma casi compulsiva, intentando advertir del peligro o buscando cómo desmarcarse, sin conseguirlo. Son sus notas las que permiten ahora contemplar el desolador paisaje del poder.