La lucha de los mapuches por sus tierras sacude a Chile

Dos indígenas y una activista encarcelados cumplen 63 días en huelga de hambre

En la enfermería de la cárcel de Temuco, una habitación de tres por cuatro metros, en cuatro camas situadas en pares en forma perpendicular, junto a un pequeño baño y separados por un biombo de cuatro presos por delitos comunes, están los tres mapuches y la simpatizante a esta etnia que cumplen una pena de 10 años de prisión por incendiar bosques propiedad de empresas forestales, y hoy entran a su día número 63 en huelga de hambre.

La teóloga Patricia Troncoso, que llegó a hacer su noviciado en esta región, 700 kilómetros al sur de Santiago, y se transformó en una mapuche de corazón; los hermanos Florencio y Juan Marileo y Juan Carlos Huenulao, todos ellos campesinos pobres, piden su libertad. Dicen que fueron condenados injustamente y con sentencias agravadas porque se les aplicó la ley antiterrorista, y amenazan con dejarse morir si el Estado chileno no accede a sus demandas.

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Ingieren sólo líquidos -agua con azúcar y sal e infusiones de yerba mate- y han perdido entre 18 y 20 kilos de peso. Los médicos aseguran que sus vidas, de momento, no corren serio peligro.

La huelga de hambre ha desencadenado movilizaciones en Chile y fuera del país. Los estudiantes tomaron dos sedes universitarias en Temuco, hay marchas solidarias a diario en la ciudad y los sindicatos y organizaciones sociales apoyan a los huelguistas. La presidenta Michelle Bachelet, que estuvo de visita en España esta semana, fue interpelada por el premio Nobel José Saramago para que escuche a los mapuches, y el investigador especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, le pidió que pactara con los presos y atendiera las demandas históricas de esta comunidad, la mayor de entre las minorías chilenas, con cerca de 700.000 miembros.

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El portavoz de los ayunantes, José Cariqueo, sostiene que "no les quedó otro recurso que la huelga de hambre porque el Estado nos ha cerrado las puertas". Dice estar dispuesto a sumarse a ellos y refuta que los condenados hayan sido terroristas. "A mí también me acusaron de haber incendiado plantaciones forestales, pero demostré mi inocencia".

"Ellos no pudieron hacerlo, porque no hablan bien español, por su falta de conocimientos, por timidez, con jueces que los humillaban por ser mapuches", sostiene. Considera Cariqueo "el colmo" que a campesinos que luchan por sus derechos les hayan aplicado en democracia la ley antiterrorista que duplica las condenas comunes, mientras que "a Pinochet, el principal terrorista, nadie lo ha condenado y todos se preocupan por su salud".

Organismos de derechos humanos y observadores han criticado el proceso contra los cuatro huelguistas. El director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, critica que la Fiscalía usara testigos secretos y a sueldo en el juicio contra los indígenas. "Se ha usado una legislación antiterrorista por acciones de protesta social en el marco de conflictos de tierra, lo que ha resultado en condenas desproporcionadas contra una decena de líderes mapuches", afirma.

El cumplimiento de la demanda de libertad requiere de una reforma legal. Allí se han centrado los esfuerzos de mediación, encabezados por parlamentarios oficialistas, y de diálogo con el Gobierno, para que se dicte una ley de trámite urgente, que permita salir en libertad condicional a un total de nueve presos por ley antiterrorista.

Para el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, que en la dictadura estuvo comprometido con la defensa de los perseguidos, este conflicto refleja los problemas de la comunidad mapuche. Advierte de que hay una mirada que "criminaliza" y responde con severidad a las demandas indígenas, mientras critica la falta de políticas claras por parte del Estado y de compromiso con el tema por parte de la sociedad civil. Afirma que en la sociedad chilena ha habido "racismo y discriminación contra los mapuches. "Casi se ha perdido el idioma, muchos cambiaron sus apellidos por vergüenza".

A esto se añade la histórica pérdida de sus tierras, primero a manos de los españoles y después de los chilenos, lo que los ha sumido en la pobreza. La región de Temuco encabeza los índices de pobreza y mala distribución del ingreso en el país. Frente a la cárcel, Roberto Troncoso, padre de la teóloga en huelga de hambre, explica que viajó 300 kilómetros para estar unos días con su hija, pero que deberá partir porque no le alcanzan los recursos.

La pobreza aquí está a pocos metros de la riqueza. En Pidimo, una localidad rural a 80 kilómetros de Temuco, viven en las chabolas las comunidades que han sido allanadas con violencia por los carabineros en busca de líderes indígenas. A pocos metros de sus viviendas hay enormes extensiones de bosques de pinos propiedad de Mininco, una de las mayores empresas forestales del país, instaladas en tierras que ancestralmente pertenecieron a los mapuches. La machi (curandera) Lorenza Sarabia, de 80 años, madre de dos de los huelguistas, dice: "Todo pasó por reclamar los terrenos de los antepasados. La plata manda".

Frente a la cárcel, Roberto Troncoso, padre de la teóloga en huelga de hambre, entre dos mujeres mapuches.
Frente a la cárcel, Roberto Troncoso, padre de la teóloga en huelga de hambre, entre dos mujeres mapuches.M. D.

El clamor del juez Guzmán

"Yo les suplico de todo corazón que, por amor a sus padres, cesen en su huelga de hambre", exclama el ex juez Juan Guzmán, el primero que se atrevió a procesar en Chile al ex dictador Pinochet, hoy dedicado a la docencia y a la defensa del mapuche.

El conflicto le ha conmovido. Atribuye las irregularidades que hubo en los juicios a "una falla en la instrucción de los fiscales y a una observación demasiado puntillosa de la ley por parte del poder judicial".

Las soluciones de la discriminación y pobreza de los mapuches son complejas. Están divididos en más de 3.000 comunidades en el sur del país, que son como islas en un territorio pequeño, y las políticas de libre mercado chocan con los derechos indígenas, sostiene José Aylwin, del Observatorio Indígena. Todos los especialistas -y las organizaciones mapuches- coinciden en que se les reconozca constitucionalmente. "Chile no puede insistir en que es mono-étnico", sostiene Aylwin. Para Guzmán, lo relevante es que se intensifique la política de compra de tierra por parte del Estado para su devolución a los indígenas.

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