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Los transexuales podrán cambiar de nombre y sexo sin necesidad de operarse

López Aguilar afirma que la Ley de Identidad de Género estará lista antes de verano

La ley que regulará el proceso del cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales de las personas transexuales llegará al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, según anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo indicaron que la norma permitirá adecuar los datos oficiales de las personas transexuales sin exigirles someterse a una cirugía de reasignación de genitales. Bastará una "prueba de vida": que muestren un diagnóstico de transexualidad y que viven de acuerdo a su sexo real.

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La Ley de Identidad de Género llegará al Consejo de Ministros antes del 30 de junio, según confirmó ayer López Aguilar. La norma de modificación del Registro Civil era una promesa incluida en el programa electoral del PSOE. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Socialista Carmen Montón. Ésta es una "cuestión de justicia y dignidad para cientos de ciudadanas y ciudadanos que actualmente no pueden desarrollarse como personas con plenos derechos", dijo Montón.

La intervención parlamentaria sirvió para "insistir en el compromiso del Gobierno con las personas transexuales" (aproximadamente unos 3.000 en España, si se extrapolan a las cifras del padrón los datos de países con 30 años de estudios, como Holanda). Por otro lado, era el anuncio que las representantes de los grupos de transexuales y otros activistas, como el sacerdote gay José Mantero y el escritor Jaume d'Urgell, esperaban para suspender la huelga de hambre anunciada para el 15 de mayo.

Según fuentes del PSOE y personas que han participado en la negociación, la norma española será la más avanzada del mundo. Será "escueta y concisa", dijo López Aguilar. Hasta ahora, en España los transexuales que querían cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil, necesitaban una sentencia judicial y someterse a una operación de reasignación de sexo. Este proceso lleva varios años y es caro y peligroso.

Otros países sí exigen al menos parte del proceso quirúrgico: la extirpación de los genitales (esterilización). Con ello se evita la teórica situación de que, por ejemplo, un hombre nacido mujer pueda quedarse embarazado. Pero clínicamente este proceso es prácticamente imposible, advierten los médicos, ya que la primera parte del tránsito, la hormonación, actúa como un potente anticonceptivo.

La ley no incluirá la gratuidad del proceso médico, como pedían los transexuales y figuraba en el programa del PSOE. Para hacerlo habría que modificar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, una lista que no está cerrada y que está sometida a los problemas de financiación de la sanidad. La solución es que algunas comunidades la asuman. Andalucía ya ofrece las operaciones gratis, y Extremadura las paga aunque no las hace. Aragón y Asturias han aprobado la creación de unidades de referencia. Este sistema, si se une alguna de las comunidades más pobladas, sería suficiente para atender la demanda.

La aproximación es similar a la que se da a los trasplantes o algunas operaciones cardiacas: ante la reducida demanda es más efectivo crear unas pocas unidades de referencia que tener equipos infrautilizados en cada una de las comunidades.

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, manifestó su confianza en que la ley cuente con un apoyo mayoritario, y recordó que el PP ya había votado a favor de la toma en consideración de propuestas similares en la anterior legislatura. "Se trata de reconocer la dignidad de uno de los colectivos más discriminados", dijo.

Si se cumplen los plazos, la ley llegará al Parlamento en el aniversario de la ley del matrimonio gay y a la vez que la celebración del día por los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Precisamente el año pasado el lema de esa manifestación fue: Y ahora, l@s trasexuales.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.BERNARDO PÉREZ

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