Madrazo defiende su pacto con Caldera sobre la ley de Dependencia
El consejero sostiene que la declaración del Ejecutivo no le desautoriza
El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, no se siente "en absoluto" desautorizado por la declaración de la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, quien calificó el martes el pacto que Madrazo cerró con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para la aplicación en Euskadi de la futura ley de Dependencia como un simple "acuerdo de intenciones". El consejero se esforzó ayer en defender su decisión porque el convenio "recoge las aspiraciones de las instituciones vascas". Con todo, señaló que ese pacto deberá ser mejorado con enmiendas en el trámite parlamentario de la ley. El PNV ya lo ha enmendado en el Congreso.
Un día después de que Azkarate aprovechase su comparecencia semanal ante los periodistas para desligar al Ejecutivo del convenio firmado el 20 de abril, el titular de Asuntos Sociales reiteró que el acuerdo es "bueno". Azkarate se sumaba así al desmarque del PNV en el Congreso y de las tres diputaciones.
El PNV insistió ayer en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja en que no va a apoyar la ley en su redacción actual, al considerar que convierte competencias autonómicas en "competencias exclusivas del Estado", en palabras del diputado peneuvista Emilio Olabarria. Caldera le replicó que los ciudadanos de Euskadi difícilmente entenderán que "anteponga el fuero al huevo" y se mostró convencido de que el proyecto no invade competencias de las comunidades.
Sin entrar a polemizar con la portavoz, el titular de Asuntos Sociales aprovechó ayer un acto de su departamento para reiterar su apoyó al acuerdo y destacó que los aspectos defendidos por las instituciones vascas que no han quedado recogidos en el proyecto deberán ser incorporados a través de enmiendas de los grupos parlamentarios.
Los socialistas han aprovechado las diferencias en el tripartito para atacarle por ese flanco. El portavoz de la ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, consideró un "escándalo" la situación creada por la desautorización de Azkarate y emplazó al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a "poner orden" en su Gabinete. Según Ares, "los partidos que apoyan al Gobierno hacen la oposición" al mismo.
20.000 empleos directos
La diputada socialista por Guipúzcoa Elvira Cortajarena manifestó en San Sebastián que la puesta en marcha de la ley va a suponer "un gran avance" para la protección social en Euskadi, porque permitirá universalizar y mejorar la calidad de los servicios de atención a dependientes, además de los "efectos beneficiosos" que tendrá para la actividad económica.
Cortajarena precisó que la aplicación de la nueva ley exigirá un desembolso de 200 millones de euros anuales en el País Vasco, donde se prestará asistencia a 50.000 personas actualmente fuera de los servicios sociales públicos. Recordó que el Ejecutivo autónomo recibirá nueve millones para financiar planes piloto destinados a crear las bases que permitan la aplicación de la normativa en esta comunidad.
Entre los aspectos más destacados, la diputada citó la creación de unos 20.000 puestos de trabajo directos en Euskadi, muchos de los cuales corresponderán a las "mal llamadas cuidadoras informales" que ahora se ocupan de atender a dependientes.
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