Pagos millonarios a presuntos testaferros

Prueba de la solvencia de Juan Antonio Roca más de una década antes de que fuera detenido en la operación Malaya es que ya en febrero de 1995 anota "pago en efectivo, 10 millones". Y esto ocurre después de haber pagado en la semana anterior otro tanto a diferentes personajes relacionados con él, sean presuntos testaferros o encargados de comprarle cuadros. Sólo en lo relativo a una operación con B., anota pagos mensuales de 2,5 millones de pesetas. Y a la semana siguiente "envía" otros dos millones, más otros cuatro millones a los dos días. En marzo, abona otros cuatro millones, más otros dos a los pocos días. Los perceptores se repiten: Oscar Benavente y alguno más de los que integran su presunta nómina de testaferros.

Entre medias, cita convenios urbanísticos en terrenos marbellíes y, en paralelo, una relación de pisos en diferentes puntos de España: Madrid, Fuengirola, Playa de Haro. Los pagos millonarios se siguen sucediendo con destino a sus presuntos testaferros a lo largo de las semanas de 1995.

Operaciones en Murcia

Cuando habla de "saldo de Marcadius", una de sus presuntas sociedades, Roca cita un reguero de firmas aparentemente vinculadas a ella.

No faltan tampoco reiteradas alusiones a operaciones urbanísticas en Cartagena (Murcia). Y, de pronto, vencimientos multimillonarios: "Vencimiento, 35 millones de pesetas".

Con toda esta vasta documentación que ya investiga la policía se intenta buscar hilos de su actividad pública y privada. El problema es que los agentes se quejan de que es un material muy antiguo. Sin embargo, los nombres que aparecen, e incluso las sociedades, forman parte del entramado que la operación judicial ha difundido tras la operación Malaya como la red patrimonial oculta del antiguo todopoderoso gerente o asesor en materia de Urbanismo desde la década de los noventa hasta su reciente detención.

Entretanto, la investigación que comanda el juez de Marbella Miguel Ángel Torres comprueba cada una de las declaraciones de los imputados en esta redada contra la corrupción, verifica el origen de cada bien sospechoso de los detenidos y pide datos de decenas de cuentas bancarias.

Es un puré de datos de difícil digestión. Pero los investigadores, expertos en delitos económicos y crimen organizado, de la comisaría de Málaga y de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid se muestran confiados en que tras deglutir la información se produzcan nuevas detenciones en Marbella.