De la reforma al diálogo social

Así como la crueldad es siempre intolerable, el funcionario probo y la lealtad inquebrantable, la reforma siempre es laboral. Y es como multiusos, tanto arregla el paro, como la precariedad o las carencias en I+D. Así son las cosas; ésta es la música de nuestro tiempo que además y para mayor desgracia, es la música de una sinfonía inacabada... Nunca se termina de reformar, siempre quedan cosas pendientes, nunca se es "suficientemente valiente", siempre, por tanto, todas las reformas laborales son tímidas, apocadas, incompletas...

Y temo que haya mucho listo por ahí que aplique este sambenito a la reforma que ahora nos ocupa. No sería buena cosa hacerlo así, ni buena ni justa. Su descalificación dudo que a alguien favorezca. Es sensato que de vez en cuando recordemos nuestra propia Constitución: "Los Sindicatos de Trabajadores y las Asociaciones Empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". Y tiene uno la sensación, bastante acreditada ya, que lo hacen bastante bien.

Si constatamos un exceso de temporalidad habrá que promover la contratación indefinida

Se ha venido negociando desde hace ya muchos meses, y se ha venido negociando con discreción y profesionalidad. Conscientes, los agentes sociales, de que el ritmo de creación de empleo es bueno pero conscientes también de que nuestro mercado de trabajo no es tan bueno. La tasa de ocupación es baja y el desempleo aún es elevado (9,07%), y además se trata de un mercado muy segmentado: desigual distribución territorial del paro (del 4,9 al 17,1%), doble paro de mujeres que hombres, triple paro de jóvenes que de mayores y un tercio de los ocupados con contrato temporal. Y dos temas de calado omnipresentes: competitividad e inmigración.

Ninguno de los negociadores tuvo la feliz idea de proponer la modificación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores para poner fin a todo esto. El problema, básicamente, era comprender lo que estaba pasando, delimitar el problema y coadyuvar, a través del acuerdo y de modificaciones puntuales de la Ley, a su solución. Por eso, y con bastante sensatez, más que de reforma laboral las partes hablaban de diálogo social.

Tiene uno la impresión que tanto CC OO y UGT, como las Organizaciones Empresariales y la Administración Laboral son conscientes de sus propias limitaciones y por ahora nadie está en el mercado de las grandes ofertas. La inflación de expectativas siempre produce melancolía, y en temas tan sensibles como, por ejemplo, la precariedad laboral, el exceso de optimismo puede llegar a ser letal.

La temporalidad no es una pieza separada, ni consecuencia, por supuesto, de la especial perversidad de nuestros empresarios. Es producto directo de nuestro sistema productivo: "La temporalidad es una muestra de que la inversión se hace en sectores como mano de obra intensiva y baja productividad", José María Fidalgo dixit, y continua Cándido Méndez: "Sobre el acuerdo no se pueden depositar las expectativas del cambio de modelo productivo". Es obvio que un 33% de temporalidad es un mal asunto, y de probada ineficiencia social y económica. Su reducción, por tanto, es un objetivo deseable, incluso prioritario, pero también es bueno que moderemos la demonización de nuestro país. España tiene mucha más temporalidad que sus socios, es cierto, pero también es cierto que influyen en la misma factores singulares: la potencia de la construcción (y por favor que no cese), la elevada temporalidad en las Administraciones Públicas y una estacionalidad significativa; factores, éstos, que una vez depurados reducirían notablemente nuestra tasa de temporalidad, que, en todo caso, aún seguiría siendo elevada y motivo prioritario de preocupación.

Dicho esto, conviene que ahora avancemos en las virtudes del acuerdo, y seguro que a nadie se le escapa que la primera es la existencia del propio acuerdo. No deja de sorprender que en un país donde al parecer es tan difícil ponerse de acuerdo, sean justamente los agentes sociales, quienes en principio defienden intereses contrapuestos, los que menos dificultades tengan a la hora de acordar. Y lo cierto es que no se trata de un hecho aislado y singular, sino de una práctica habitual ejercitada desde hace ya treinta años. Tiempo éste suficiente para hacer público reconocimiento (y agradecimiento) de su labor y para recordar que su labor ha sido determinante para la cohesión y modernización de España. Y un acuerdo además es un mensaje. Un mensaje a los mercados de normalidad y eficiencia, que transmite la idea de fiabilidad, de confianza. De ser, en suma, un país serio donde se puede trabajar con garantías de futuro.

Y dicho esto, y teniendo el mercado de trabajo que tenemos ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno pues lo esencial para resolver un problema es su propia delimitación. Y si constatamos que existe un exceso de temporalidad lo normal será promover la contratación indefinida y evitar la contratación irregular, y para ello vamos a ver si la Ley puede ser un instrumento de apoyo para conseguir nuestro objetivo: Impulsemos el contrato para el fomento de la contratación indefinida, pongamos en marcha un plan extraordinario para la reducción de la temporalidad seleccionando mejor los colectivos beneficiarios, simplificando los incentivos, ampliando la duración de las bonificaciones y sustituyendo los porcentajes por cuantías fijas (en total podríamos estar hablando de un incremento de gasto de 1.300 millones para 2007) e intentemos evitar la contratación irregular o fraudulenta con una definición más ajustada de las figuras del encadenamiento de contratos temporales, la cesión ilegal de trabajadores y las contratas y subcontratas. Y vamos a procurar también que la Ley se cumpla y para ello es razonable reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo? Pues lo normal: con más inspectores y subinspectores, con más medios, con la participación de los interlocutores sociales en la definición de los objetivos y programas de la Inspección, y promoviendo campañas específicas planificadas y programadas (economía irregular, igualdad de trato, inmigrantes, discapacitados). Y, por otra parte, hay que seguir trabajando, hay que comprometerse a modernizar los Servicios Públicos de Empleo, a evaluar las Políticas Activas de Empleo y poner inmediatamente en funcionamiento un Grupo de Trabajo Tripartito en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal.

Obligaciones y compromisos bastante razonables y difícilmente criticables, que vienen por otra parte acompañados de una reducción, no menor, de cotizaciones empresariales por desempleo (del 6% al 5,5% a partir del 1 de julio de 2008) y al FOGASA (que queda establecida en el 0,2%).

A estas alturas de la vida quizá lo mejor que se puede decir de alguien o de algo, es que es razonable, y este acuerdo es razonable, es decir, esta sometido a la razón y por tanto, y con toda seguridad, será eficaz.

Marcos Peña Pinto es inspector de Trabajo y fue secretario general de Empleo.