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Los jueces y la justicia en el 'caso Marbella'

La trama de corrupción de Marbella está siendo examinada desde diversos puntos de vista. Estamos ante un clamoroso fracaso de los mecanismos de autocontrol y gestión del Poder Judicial. La corrupción marbellí ha nacido de la gestión ilícita del urbanismo, facilitada por una serie de condiciones y circunstancias. Durante años, el urbanismo en Marbella ha estado fuera de la ley. ¿Por qué ha sido posible ese espacio de ilegalidad? Porque el órgano encargado en primer nivel del control jurisdiccional ordinario de la legalidad urbanística en Marbella, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, estaba en "quiebra técnica", tardando una media de cinco a seis años en resolver los procedimientos de los que conocía. Si a ese plazo sumamos otro similar para el previsible recurso ante el Supremo, más algún que otro año para ejecutar la sentencia, estaríamos ante un horizonte de, como poco, 12 años. Ese plazo suponía, en la práctica, una ausencia de tutela judicial efectiva.

Resulta revelador que las últimas operaciones de Marbella las esté instruyendo un juez en comisión de servicios
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En el ámbito de la jurisdicción, las responsabilidades son compartidas. En primer lugar, la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como instancia de autocontrol más próxima. Si se examinan las Memorias Anuales de este tribunal podrá observarse cómo la gravísima situación de colapso de la Sala de lo Contencioso de Málaga, pese a ser vox pópuli, fue ignorada o despachada con análisis superficiales y recomendaciones (los llamados "planes de refuerzo") tardías o ineficaces. Como denunció Jueces para la Democracia en su momento, contrastaba la suavidad con que se abordaba este grave problema y la energía con que se actuaba sobre otros órganos judiciales inferiores que presentaban retrasos menos significativos. Y, por supuesto, tienen responsabilidad compartida el Consejo General del Poder Judicial -y el Servicio de Inspección que de él depende- que año a año tuvo puntual y estadística constancia de la incapacidad objetiva de la Sala de lo Contencioso de Málaga para asumir su carga de trabajo; el Ministerio de Justicia, como órgano encargado de proveer las correspondientes plazas; y la Junta de Andalucía, que aunque con competencias limitadas, era perfectamente conocedora de la no-justicia (por lenta) que allí se impartía. Soslayar ahora esas responsabilidades político-judiciales, p. ej. alegando que debieron los jueces hacer un uso generalizado de las denominadas "medidas cautelares", es desconocer, primero, la naturaleza de tales medidas; segundo, la dificultad de su aplicación cuando la Sala ni se había pronunciado sobre el PGOU vigente en Marbella; y tercero y sobre todo, que es un fraude de ley hacer uso sistemático de un instrumento procesal para resolver un problema organizativo estructural.

La respuesta judicial penal tampoco ha sido satisfactoria. La estructura judicial de Marbella era disfuncional para enfrentarse a una delincuencia económica de altos vuelos. Hasta hace pocos años, el carácter mixto de los juzgados de Marbella suponía que el juez que instruía causas contra Gil y su entorno compatibilizaba esa actividad judicial con la celebración de bodas civiles o la tramitación de procesos de divorcio, por poner algunos ejemplos. Desde el punto de vista personal de los jueces, Marbella se convirtió en un destino problemático. Decía el juez Falcone que no temía a la Mafia, sino a que el Estado lo dejara solo. Los jueces precisan estar sostenidos por las instituciones del Estado y, muy especialmente, por las de la propia Administración de justicia. Y no se entienda por apoyo imprescindible la paternal palmadita en la espalda, ni la retórica muestra de solidaridad ante la nube de cámaras y micrófonos, sino el reconocimiento de la situación y la apuesta política decidida por la dotación de medios personales y materiales, proporcionada a la envergadura de los bienes jurídicos en riesgo. En Marbella estaba en juego el Estado de derecho. Hasta hoy, las condenas firmes se cuentan con los dedos de una mano, y para contar los ingresos en prisión sobran todos ellos. También aquí se pueden señalar responsables del desaguisado. Frente a un entramado delictivo que no dudaba en hacer la vida imposible a aquellos jueces en quienes veía un peligro (casos de Blanca Esther Díaz o Santiago Torres), ni en robar sumarios, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia seguían considerando -y ahí están las hemerotecas y los archivos audiovisuales para ayudar a la memoria lábil- que Marbella era "un destino judicial más", sin unas "necesidades especiales". Esta grave ceguera de los máximos responsables de la Justicia para reconocer, primero, una situación escandalosa, y para liderar e impulsar, después, la lucha contra la corrupción tiene mucho que ver con el desierto en que se convirtió Marbella como destino judicial. Revelador resulta que las últimas grandes operaciones las esté instruyendo un juez "en comisión de servicios", es decir, con un destino temporal en ese juzgado. Será legítimo preguntarse hasta qué punto la opción de la Junta de Andalucía, del Tribunal Superior de Justicia y de algún vocal del CGPJ teóricamente vinculado a Andalucía, por una judicatura silente, dócil y burocratizada no ha contribuido a que los jueces "huyan" de Marbella.

Finalmente, no es desdeñable en esta descripción la "visualización" que Gil y su entorno se procuraron de su proximidad, familiaridad y confianza con algunas instancias judiciales. El mismo Ayuntamiento de Marbella que conculcaba sistemáticamente la legalidad urbanística fue durante años generoso anfitrión, compartiendo patrocinio en no pocas ocasiones con altas instituciones y entidades, de famosas reuniones de la judicatura, lo que generó en la ciudadanía una convicción muy extendida acerca de la impunidad de que gozaban ciertas personas.

El caso ofrece valiosas lecciones para las instituciones desde la que se gobierna, regula y gestiona el Poder Judicial, pero de poco servirán si no hay voluntad de aprender ni, como antes se decía, propósito de enmienda. Si no se considera una prioridad estratégica de la política judicial nacional y autonómica el adecuado funcionamiento de los juzgados ubicados en zonas "sensibles" a la corrupción, volverán a aparecer nuevos episodios como el de Marbella.

José Luis Utrera Gutiérrez y José Luis Manjón son miembros de Jueces para la Democracia. Se adhieren: José Manuel Balerdi Múgica, Javier González Fernández, Pedro Herrera Puente, José Enrique Medina Castillo, Carmen Orland Escámez, José Joaquín Pérez-Beneyto y Juan Romeo Laguna. Todos son miembros de la citada asociación.

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