La gestora de Marbella destituye al jefe de la Policía Local

La comisión gestora de Marbella aprobó ayer destituir al jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, en libertad bajo fianza tras la Operación Malaya por encubrimiento, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos. En su tercer pleno urgente en sólo dos semanas, la gestora solicitó a la Cámara de Cuentas de Andalucía que audite a las sociedades municipales, cuya situación financiera fue tachada de "distorsionada" por el vocal de Hacienda, Carlos Rubio.

El pleno arrancó entre sonoras risas. El nuevo vocal de la comisión gestora, Javier García -que sustituye al dimitido Salvador Guerrero-, juró su cargo pero no pudo hacerlo sobre la Biblia, ya que el único ejemplar existente en el Ayuntamiento era propiedad del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, imputado por tráfico de influencias y prevaricación por el juez Miguel Ángel Torres, y actualmente de baja voluntaria.

La comisión gestora aprobó por unanimidad la destitución del superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo, al que el médico concedió la baja temporal por depresión tras resultar imputado de varios delitos. "La jefatura está cubierta y Rafael Mora le sustituye sin ningún tipo de prisas ni problemas", aclaró el vocal de Seguridad Ciudadana, Carlos Rubio. Del Pozo no quiso calificar su cese: "Le doy vueltas al asunto y me viene mal físicamente, todo va a peor", adujo.

La gestora también aprobó pedir a la Cámara de Cuentas de Andalucía que audite a las nueve sociedades municipales activas, de las más de veinte que formaban el entramado societario creado por el ex alcalde Jesús Gil y su delegado de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. "La situación de estas sociedades está distorsionada y parece que fueron creadas por el Ayuntamiento para escapar del control que la ley marca a las Administraciones públicas", denunció Rubio, vocal asimismo de Hacienda. "No puede ser que estas sociedades contrataran a dedo y sin ningún procedimiento. La gestora busca normalizar esta situación a toda costa", añadió el vocal, propuesto por el PP. La Cámara de Cuentas andaluza fiscalizará la gestión de estas sociedades desde 2002, ya que el Tribunal de Cuentas ya emitió informes del periodo 1991-1999 y 2000-2001.

El pleno también decidió ayer iniciar el proceso para adjudicar por concurso el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, que actualmente realizan directamente los trabajadores sin mediar empresa alguna. El juez Miguel Ángel Torres considera que la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cobraron cantidades de dinero del concesionario de la grúa municipal, Ismael Pérez Peña, también encarcelado.

La gestora prosiguió ayer la depuración de trabajadores municipales en una plantilla "sobredimensionada" que supera los 3.400 empleados. Además de rechazar el reingreso como funcionario interino en una de las sociedades municipales del anterior concejal de las corporaciones gilistas Antonio Luque, la gestora abrió un expediente disciplinario al instructor de jinetes de la Policía Local, Francisco Jiménez, "por incomparecencia" a su trabajo desde abril de 2005.

Además, los vocales aprobaron por unanimidad sus retribuciones. El presidente percibirá un sueldo bruto de 5.975 euros mensuales y los 15 vocales, 4.975. "Los salarios quedan por debajo de las anteriores corporaciones", quiso dejar claro Diego Martín Reyes, presidente de la gestora.

Por otra parte, el órgano de gobierno accidental envió un escrito al juez Torres, que instruye el sumario de la Operación Malaya, para solicitarle una relación de los expedientes retirados de las dependencias municipales. Entre ellos se encuentran muchos de disciplina urbanística, vitales para el día a día de la comisión gestora, según aclaró el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte: "Le pedimos al juez que valore o bien devolver los expedientes o que obtengamos una copia para poder continuar con la tramitación administrativa", explicó.