El pentapléjico muerto en Valladolid había reclamado que se le facilitara la eutanasia

La policía investiga la muerte de un hombre pentapléjico cuyo cadáver apareció el jueves en su domicilio en Valladolid. Se trata de Jorge León Escudero, de 53 años. Fue encontrado sin signos de violencia y desconectado del respirador automático que le mantenía con vida en su domicilio, el número 7 de la calle del General Almirante. El juez a cargo del asunto ha decretado el secreto del sumario. Jorge León Escudero había solicitado al menos en tres ocasiones de forma legal que le dejaran morir desconectando el respirador que le mantenía vivo sin su consentimiento.

"Es un caso muy delicado porque se trata de un pentapléjico fallecido por la desconexión de la máquina que le mantenía con vida y puede surgir un debate social como el originado a raíz de la muerte de Ramón Sampedro" en enero de 1998, dijo el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo.

Jorge León Escudero sólo podía mover los labios después del accidente doméstico que hace seis años le postró en una silla de ruedas. Había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de morir, para lo cual pidió ayuda a través de un diario en Internet donde se identificaba con un nombre fingido, Lucas. Son esas "reiteradas peticiones" de ayuda para morir dignamente la que convierten la muerte de este hombre en un "caso delicado", advirtió Cecilio Vadillo.

El 16 de enero de 2005 EL PAÍS publicó una carta al director firmada por Jorge León Escudero, titulada Hablemos de eutanasia, en la que el pentapléjico ahora fallecido lamentaba su situación y la regulación legal que le impedía morir. "No deberíamos llegar a tal grado de disparate", concluyó.

Las Cortes Españolas y varios parlamentos autonómicos han regulado mediante leyes llamadas de testamento vital los límites de las intervenciones médicas para evitar encarnizamientos terapéuticos. Pero esa legislación no ha remediado situaciones como las vividas por León Escudero y, antes, por el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro.

Aurora Bau, dirigente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Barcelona, lamentó ayer que aún se produzcan situaciones como las de Jorge León. La tesis de DMD es que, al igual que el enfermo debió dar su consentimiento para el primer tratamiento -conexión al respirador automático-, puede reclamar más tarde, con todo derecho legal, que se lo quiten. En estos casos "no se puede hablar de eutanasia, sino del derecho a morir dignamente", dijo Bau. DMD conocía la situación de Jorge León, pero no intervino en sus decisiones, ni recibió petición para hacerlo. "Nuestros esfuerzos se dirigen a cambiar la ley, no a actuar en la clandestinidad. Si una persona quiere intervenir en casos como éste, está obligada a abandonar la asociación", declaró ayer Aurora Bau.