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El Gobierno prevé que el 60% de los padres tome la baja paternal

La Ley de Igualdad costará 251 millones anuales a las arcas de la Seguridad Social

La aplicación de la Ley de Igualdad supondrá un coste de 251,4 millones de euros al año para la Seguridad Social, según figura en la memoria económica del anteproyecto, a la que tuvo acceso EL PAÍS. El grueso del gasto se destinará a los nuevos permisos de paternidad exclusivos para los varones (ocho días laborables que se añaden a los dos actuales). El Gobierno prevé que lo tome el 60% de los padres (111 millones de euros), a tenor de la experiencia de otros países.

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que el Gobierno prevé aprobar como proyecto de ley el mes que viene, tendrá un coste de 251, 4 millones de euros anuales para la Seguridad Social. Así consta en la memoria económica del anteproyecto de ley (el Consejo de Ministros lo aprobó el pasado 3 de marzo). Esta cantidad corresponde al grueso de las nuevas medidas para lograr la igualdad real y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas y de cuidado familiar.

La partida mayor se destinará al nuevo permiso de paternidad retribuido y exclusivo para los hombres que sean padres. Ahora sólo disponen de dos días pagados por el nacimiento de un hijo y pueden disfrutar de hasta 10 de las 16 semanas que corresponden a las madres trabajadoras, si ellas se las ceden (los toma en torno al 1,5% de los padres con empleo). La futura ley prevé otorgar ocho días más de permiso paterno pagado (diez en el caso de parto, adopción o acogimiento múltiple).

- Seis de cada 10 padres, con permiso. La memoria especifica que el nuevo permiso de paternidad supondrá una "prestación del 100% de la base reguladora

[el mismo cálculo que para la baja retribuida por maternidad], con una duración de ocho días ininterrumpidos". Para estimar su coste tiene en cuenta el número de nacimientos (454.591 en 2004, según el INE), la tasa de actividad masculina (68,93% según la última Encuesta de Población Activa) y la base reguladora de la prestación, calculada a partir de las bases de cotización (mayores para los hombres que para las mujeres). Calcula que tomarán el permiso el 60% de los 436.000 beneficiarios potenciales, lo que costará 110,9 millones de euros. Se trata de un cálculo optimista (por debajo de la proporción de beneficiarios en los países nórdicos, pero por encima de la de otros países de la UE). Si lo disfrutaran todos, el coste sería de 184,91 millones

- Dos años de excedencia cotizada. La segunda medida más gravosa será el aumento del periodo de excedencia para el cuidado de hijos que se considera como cotizado a la Seguridad Social. Ahora sólo tiene ese carácter el primer año de excedencia (más del 96% de los progenitores que la toman son mujeres). La ley prevé extenderlo a dos. Supondrá un coste de 61,3 millones de euros anuales (el doble del coste actual), por las cotizaciones que dejará de percibir la Seguridad Social.

- Riesgo para el embarazo. La futura ley prevé eliminar la necesidad de acreditar un periodo mínimo de 180 días cotizados en los últimos cinco años para que las madres trabajadoras cobren la prestación de maternidad. Supondrá un coste de 37,47 millones.

- Riesgo durante la lactancia. Se crea una nueva prestación destinada a la trabajadora que durante la lactancia (hasta los 9 meses del bebé) deba cambiar su puesto de trabajo por otro compatible con su situación, pero no pueda hacerlo. Se prevé un coste de 19,9 millones.

- Subsidio a las trabajadoras sin cotización mínima. A los costes de la Ley de Igualdad para la Seguridad Social (251,4 millones), la memoria añade otro, con cargo a los presupuestos del Estado. Se trata del nuevo subsidio para las trabajadoras den a luz sin haber cotizado el periodo mínimo. Tendrá una duración de 42 días y una cuantía de al menos el 80% del salario mínimo (IPREM, ahora de 579 euros mensuales). La memoria prevé un gasto de 6,70 millones. Beneficiará al 2% de las empleadas por cuenta ajena.

Apoyo a las empresas

El coste de la Ley de Igualdad, que entre otras cosas obligará al equilibrio en las listas electorales (ningún sexo podrá ocupar más del 40% ni menos del 60% de las candidaturas), recaerá especialmente en las arcas públicas. Para las empresas, "las nuevas regulaciones en el ámbito laboral (permisos, excedencias, vacaciones...) no suponen obligaciones nuevas de pago, dado que si son retribuidas, lo son como prestaciones de Seguridad Social o, en otro caso, no dan derecho a retribución", señala la memoria del anteproyecto de ley en el apartado de empleo.

La futura norma establece que las compañías que tengan más de 250 trabajadores estarán obligadas a negociar (no a alcanzar) planes de igualdad. La memoria estima en 12.000 euros el coste de elaboración de un plan de igualdad empresarial. Añade que el Instituto de la Mujer podría financiar la mitad de este gasto "a 100 empresas por año".

Las medidas que deberán tomar los ministerios (por ejemplo, crear unidades para velar por la igualdad,) carecerán de impacto económico. Se emplearán "los medios existentes".

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