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Editorial:

Sustitución aplazada

La sustitución del jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio García González, cuya capacidad organizativa e influencia en la modernización de las Fuerzas Armadas están fuera de toda duda, fue acordada el viernes por el Consejo de Ministros. Pero se trataba, según todos los indicios, de una decisión ya prevista y pendiente del momento oportuno para formalizarla, igual que la del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. El relevo al frente del Ministerio de Defensa ha brindado la ocasión propicia: el nuevo titular, José Antonio Alonso, propuso como jefe del Ejército de Tierra al general Carlos Villar, que ayer tomó posesión del cargo.

El relevo se daba por descontado a causa de su aparente pasividad ante el caso Mena: la confusa apelación del entonces jefe de la Fuerza Terrestre,

teniente general José Mena, en un discurso el día de la Pascua Militar, a la posibilidad de intervención del Ejército si el nuevo Estatuto de Cataluña, en tramitación, desbordaba los límites constitucionales. Fue el ministro José Bono quien intervino, cesando a Mena y ordenando su arresto domiciliario por ocho días. Pero se echó en falta cualquier tipo de reacción por parte de García González, jefe directo de Mena.

Tardó en decir algo, y cuando habló fue, primero, para elogiarle por su participación en determinadas tareas organizativas, sin mención alguna al incidente, y luego, casi un mes después, para indicar, en lo que pareció una justificación de su pasividad, que los militares "hablamos por nuestras acciones", y a veces incluso "con nuestros silencios". Pero era Mena quien había roto esa norma al aventurar un juicio político en términos inaceptables, sugiriendo, además, que sus palabras eran expresión de opiniones muy extendidas y que su jefe, García González, estaba al corriente del contenido esencial de su discurso.

Es cierto que el silencio es oro para los profesionales de la milicia, y de ahí que los franceses llamen al Ejército "el gran mudo", para resaltar que la primera virtud castrense debe ser el silencio ante las disputas políticas, como expresión de su neutralidad. En España, esa virtud está recogida como mandato en las Ordenanzas Militares, y concretamente en la Ley Disciplinaria, que prohíbe a los militares "expresar públicamente opiniones que supongan infracciones del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas". El precepto parece especialmente destinado a evitar interferencias como la de Mena, con el efecto, entre otros, de alimentar el victimismo de sectores nacionalistas, que exigieron la derogación del artículo de la Constitución que atribuye a las Fuerzas Armadas (como muchas otras Constituciones democráticas) la tarea de defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de abril de 2006