El Poder Judicial revela "gravísimas carencias" en centros de menores canarios

Once meses después de que el Gobierno canario anunciara un plan de choque para paliar los graves problemas de sus centros de reforma de menores -fugas, motines, incendios, consumo de drogas, violaciones y dos muertes-, éstos siguen teniendo, según un informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial, "gravísimas carencias en cuanto a higiene, control, seguridad, habitabilidad y número de plazas". En la comunidad autónoma hay cuatro centros de reforma y 257 jóvenes privados de libertad, en régimen cerrado y semiabierto, por haber cometido algún delito.

La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha detectado graves deficiencias en los centros de reforma de Canarias, en los que se interna a los jóvenes que han cometido delitos siendo menores de edad. Los inspectores expresan que estos centros "carecen de medidas de seguridad adecuadas" y que existe "una falta de higiene total en sus instalaciones", según lo que les han relatado los responsables de los juzgados y el fiscal coordinador de la fiscalía de menores.

No hay plazas suficientes. Ni centros para ejecutar las medidas de internamiento terapéutico para trastornos mentales o las de deshabituación para drogodependientes. Se critica también la falta de programas que sirvan realmente para educar y resocializar a los menores y que "con frecuencia se manda a los menores a una isla distinta a la de su residencia habitual, lo que dificulta su vinculación familiar".

A lo largo del año pasado se registraron en los centros de internamiento canarios 20 incendios, dos intentos de motín, centenares de agresiones, numerosas violaciones, palizas, consumo de drogas, intento de quemar a compañeros y dos muertes. Veintiún educadores tenían antecedentes penales. La situación fue calificada en junio de 2005 como "insostenible" por el Diputado del Común canario (figura homóloga al Defensor del Pueblo), quien pidió una "intervención urgente" del Gobierno autonómico. También en junio, el Defensor del Pueblo español, tras visitar los centros, pidió el cierre inmediato del situado en Gáldar (Las Palmas de Gran Canaria) por su deficiente estado de conservación y limpieza (filtraciones en los baños; cristales sustituidos por cartones y orinales con pis en las habitaciones a las seis de la tarde, entre otras cosas), el excesivo número de menores que allí se encontraban, su estructura "penitenciaria" y su ubicación. El centro está al lado de una granja avícola, lo que provoca malos olores y que el lugar esté plagado de moscas. Tras las denuncias, el Gobierno canario anunció de inmediato un plan de choque.

En la comunidad canaria hay más de 1.000 niños y jóvenes delincuentes sometidos a medidas judiciales, De ellos, 257 están en cuatro centros de régimen cerrado o semiabierto. Había seis, pero dos se cerraron el año pasado tras la crisis. Personal del juzgado y algunos empleados de centros que han exigido el anonimato señalan que en estos reina aún "el imperio del miedo y la displicencia", que "los agentes de seguridad se siguen comportando como la mafia siciliana" y que "se han seguido produciendo motines y fugas, sólo que no aparecen en los periódicos; que no se hable de ello no significa que no pase", informa Juan Manuel Pardellas.

Calabozo de tres por tres

La inspección del Poder Judicial cuestiona también otros aspectos del funcionamiento de la jurisdicción de menores en la comunidad autónoma. Pide que se dote de inmediato al juzgado de una "dependencia adecuada" para custodiar a los menores cuando están a disposición judicial. Ahora este lugar es un calabozo de aproximadamente tres metros de largo por tres de ancho que "no reúne las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad, higiénicas y de capacidad".

El informe califica el número de visitas de los jueces a los centros, sólo cuatro a lo largo de 2005, como "totalmente insuficientes" y propone que las visitas sean quincenales. Critica, finalmente, el funcionamiento de la entidad pública de protección de menores. Cuando se detiene a un chico, para acordar medidas cautelares el juzgado de guardia tiene que ponerse inmediatamente en contacto con dicha entidad, que tiene que designar el recurso en el que se va a ejecutar la medida. En Canarias, este organismo cierra desde las 15 horas de los viernes hasta las 9 horas de los lunes. Tampoco abre los festivos. Los menores que son detenidos un viernes a las 6 de la tarde, por ejemplo, permanecen retenidos sin que pueda realizarse la comparecencia judicial hasta el lunes. Si hay varios festivos seguidos, esta situación se puede prolongar durante días.