La patronal logra que el CES se oponga a la paridad en los consejos de las empresas

El Consejo Económico y Social (CES) rechazó ayer, por un voto de diferencia, la obligación de alcanzar la paridad entre sexos en los consejos de administración de las empresas que establece el anteproyecto de Ley de Igualdad. A propuesta de la patronal, el pleno del organismo consultivo incorporó a su dictamen una enmienda en este sentido. La patronal, no obstante, rechazó el dictamen y presentó un voto particular. El CES estima positivo el texto y destaca las medidas de conciliación (como el permiso de paternidad), pero criticó que se ocupa de manera desigual en diferentes ámbitos.

El CES tiene 60 miembros: 20 representan a los sindicatos y están integrados en el grupo I; otros 20, a la patronal (grupo II), y en el grupo III, 20 representantes del sector agrario, pesquero, cooperativas, consumidores y seis expertos designados por el Gobierno. La ajustada votación de la enmienda entre los consejeros presentes, que rechaza que los Consejos de Administración sean paritarios -24 votos a favor y 23 en contra- sugiere que el último grupo se ha dividido entre quienes la vetaron (los sindicatos) y quienes la apoyaron (la patronal, que ya había manifestado que la ley de Igualdad es "un rejón de muerte" al diálogo social). "Es sorprendente, nos ha apoyado al menos la mitad del grupo III", manifestaba ayer el coordinador de la patronal, José de la Cavada, "del nuestro no estábamos más de 15".

En el anteproyecto de la ley, aprobado en Consejo de Ministros el 3 de marzo, se establece que, en cuatro años, los consejos de administración deberán ser paritarios (es decir, que ninguno de los sexos tenga una representación superior al 60%). Según datos de 2005, sólo el 2,32% de quienes gobiernan las empresas del Ibex 35 en su cúpula son mujeres. Para fomentar la paridad, el texto favorece en los contratos con la Administración Pública a las compañías que, con igualdad de oferta, sean más igualitarias.

La enmienda de la patronal (la única aceptada de entre las seis que presentó al dictamen) sostiene que, "al igual que el anteproyecto salva o modula la aplicación de las normas de igualdad en las Administraciones Públicas y en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, el texto debe considerar que las sociedades se regulan por una norma mercantil específica". También aduce que los Consejos de Administración "tienen un sistema de representación proporcional en función de la participación en el capital social, excluyendo cualquier otro criterio" y que "las empresas se rigen sobre todo por criterios de eficiencia e idoneidad" equiparables a los de méritos y capacidad que rigen en la Administración General del Estado. La exigencia de porcentajes o cuotas prefijadas "resulta incompatible con dichos criterios". José Luis Aramburu, de UGT, se opuso a estos argumentos alegando que la nueva norma también atañe a la igualdad en diferentes ámbitos, desde los consejos escolares hasta las listas electorales.

La aprobación de esta enmienda fue cuestionada por los sindicatos. Consideraron que el resultado de la votación electrónica no alcanzaba la mayoría absoluta requerida por el reglamento, que sería de 26, al estar 50 consejeros presentes.

A pesar del éxito obtenido en su propuesta sobre los consejos, la patronal rechazó la totalidad del dictamen del CES y anunció un voto particular. Su oposición principal se centra en la imposición de negociar planes de igualdad entre hombres y mujeres en la negociación colectiva. Dos enmiendas en ese sentido habían sido rechazadas por el pleno.

El dictamen del CES, aprobado tras la inclusión de la enmienda por 28 votos a favor y 14 en contra, estima positivo el anteproyecto. Pero constata que incide "en el ámbito laboral, de Seguridad Social y mercantil, mientras apenas se adentra en otras parcelas de la acción de los poderes públicos y del mundo asociativo", dice el dictamen. El organismo también echa en falta en el empleo público especialmente, el reconocimiento del derecho a la negociación de planes de igualdad. También señala que se otorguen a las empresas ayudas para desarrollar planes de igualdad.

El documento, de 35 páginas, destaca la implantación del permiso de paternidad (de 10 días en total). Pide que se aplique a aquellos casos en los que el nacimiento, adopción o acogida del niño se haya producido antes de la entrada en vigor de la ley. El dictamen del CES también señala que se replantee la exención que se da a los municipios de menos de 5.000 habitantes de presentar listas paritarias.

Por su parte, la secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, apuntó que el Gobierno estudiará el informe, pero que no abandonará "una parte nuclear" de la norma, las medidas dirigidas a las empresas, informa Efe. A su juicio, "contraponer los principios de mérito y capacidad al de igualdad es no entender que no hablamos de trato a favor de un colectivo, sino de aprovechar el talento de toda la plantilla".