La Audiencia Nacional condena a Medio Ambiente a pagar 760.000 euros al Ayuntamiento de L'Escala
El gasto suplementario municipal en las obras del paseo marítimo de Riells, en el pueblo costero de L'Escala (Alt Empordà), motivó que el consistorio presentara un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. La sentencia, conocida ayer, da la razón al municipio y condena al Estado a pagar 760.732 euros. El alcalde de L'Escala, Josep Maria Guinart, mostraba ayer su satisfacción por la decisión judicial y aseguraba que la sentencia constituye "un hito en el pulso desigual que mantienen los ayuntamientos con la Administración central".
Los hechos se remontan al año 1994, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de L'Escala firmaron un convenio para construir el paseo marítimo de Riells. Ambas administraciones se comprometían a sufragar, respectivamente, el 70 y el 30% del coste de las obras. No obstante, según fuentes municipales, el convenio blindaba también la cantidad que debía pagar el Ayuntamiento y la fijaba en un tope de 205 millones de pesetas.
En el reparto de tareas entre ambas administraciones, el consistorio debía hacerse cargo de las expropiaciones de terrenos. La cantidad inicialmente prevista para esta tarea se duplicó finalmente. El consistorio pidió entonces que fuera el Ministerio el que abonara la diferencia de las expropiaciones, teniendo en cuenta que el Estado se había ahorrado unos 225 millones de pesetas en la adjudicación final de la obra en relación con lo previsto en el convenio. Ante la negativa del Ministerio a abonar dicha cantidad, se recurrió al contencioso administrativo.
Según el consistorio, los cambios presupuestarios motivaron que se incumpliera el convenio por dos conceptos: el Ministerio no asumió el 70% del coste de la obra, quedando así el consistorio obligado a incrementar su aportación, y también se superó el tope de aportación municipal, porque el Ayuntamiento acabó pagando más dinero del que establecía el acuerdo. La Audiencia Nacional ha dictado una orden para que el Ministerio de Medio Ambiente pague al Ayuntamiento la cantidad para sufragar el incremento de las expropiaciones.
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