Los promotores rechazan el proyecto de ley de la vivienda

"Es una ley que no gusta". Así empieza un comunicado hecho público ayer por la Asociación de Promotores de Barcelona sobre el proyecto de ley del derecho a la vivienda aprobado el martes por el Consell Executiu. Los promotores sugieren que se introduzcan diversas modificaciones en el trámite parlamentario de manera que se reduzca lo que, en su opinión, es un "alto grado de intervención" por parte del Ejecutivo.

El comunicado de los promotores señala tres puntos de fricción: la reserva para vivienda protegida en suelo urbano consolidado, el plazo de vigencia de la protección en una vivienda (que puede ir de 30 a 90 años, en función de diversos criterios) y la lista única y controlada por la Administración para acceder a una vivienda protegida.

En el primer caso, los promotores aducen que la obligación de reservar espacio para vivienda protegida en suelo urbano consolidado (céntrico y ya calificado como residencial) afecta a la "seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias". Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda sostuvo ayer que estos aspectos están pactados con los diversos sectores, mientras que los promotores afirman lo contrario. "Negamos que el artículo que hace referencia a estos casos haya sido pactado", afirmó un portavoz.

Resistencia a los controles

La nueva secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó que comprende la reacción de los promotores, pero sostuvo que la ley ha sido "negociada e incluso pactada línea a línea". En su opinión, se han alcanzado "acuerdos razonables" sobre la base de que las medidas establecidas en la ley sean siempre de futuro y no afecten a derechos adquiridos. "Entiendo que no den un sí rotundo a la ley y que se resistan a los controles que supone, por ejemplo, la lista única, pero esos controles a unos no les gustan y otros, por ejemplo los consumidores, los reclaman", dijo Trilla.

Los promotores creen que los 90 años que puede tener de vigencia una vivienda protegida son excesivos e incluso "pueden entrar en contradicción con futuros planes de vivienda". El Gobierno catalán aduce que los 90 años sólo se aplicarán en casos donde haya escasez de suelo, por ejemplo en Barcelona, y para lograr que haya definitivamente un mercado de vivienda usada protegida que ahora simplemente no existe.

Los promotores tampoco aceptan las lista de adjudicación tutelada por la Administración. Se trata, afirman, "de una limitación al libre ejercicio del derecho a la propiedad y, concretamente, a la libre disposición de los bienes propios". La respuesta del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda es que esta lista contribuirá a aportar transparencia a la adjudicación de viviendas protegidas tanto en la primera compra como en transacciones posteriores, porque la protección a la vivienda no busca que alguien haga un negocio, sino garantizar un derecho.