"Han prescindido de las normas para adjudicar"
La personación de la Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Marbella por una deuda acumulada en los últimos años que supera los 177 millones de euros se viene fraguando desde noviembre de 2005. Entonces ya se supo que el municipio no sólo arrastraba su losa de impagos desde la etapa del GIL, sino que, además, favorecía por contrato la existencia de empresas incumplidoras.
El 18 de noviembre de 2005, cuatro días después de ponerse en marcha la operación policial Malaya contra la corrupción en Marbella, la Seguridad Social emitió un informe sobre dicho consistorio y su relación contractual con la compañía Cactus Enterprise, "al ser la empresa deudora concesionaria del servicio de grúa del citado Ayuntamiento". El 6 de marzo de 2006, el tesorero de dicho municipio, en presencia de una inspectora de Trabajo y Seguridad Social y de un representante de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, informó de que no existía "documento, ni concesión administrativa, ni cesión, ni acuerdo por escrito que permita llevar a cabo a la empresa indicada la actividad de retirada de vehículos en nombre del Ayuntamiento". Dado que la Seguridad Social entendía, pese a la inexistencia de acuerdo escrito, que sí se estaba prestando ese servicio, los letrados de la Seguridad Social dictaron una resolución "declarando la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento por las deudas generadas por la empresa indicada, por un importe de 519.142 euros, correspondientes al periodo noviembre de 2002 a junio de 2005".
Como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva, se detectó que Moisés Rodríguez Gómez, el administrador de Cactus Enterprise, "figura también o ha figurado como tal o como apoderado en diversas empresas que también tienen contraídas deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social". A partir de ahí, los Servicios Centrales de la Seguridad Social sopesaron la existencia de indicios delictivos. La conclusión a la que llegaron fue la personación, materializada ayer, de la Seguridad Social como perjudicada en las causas de corrupción que se investigan en el Ayuntamiento de Marbella.
Según el escrito de personación, de los autos de prisión contra los principales cargos detenidos en la operación Malaya se desprenden "actuaciones presuntamente delictivas relacionadas con la adjudicación del servicio de retirada de vehículos por grúa municipal, imputando a dichas personas los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, alteración del precio en concursos y subastas públicas y malversación de caudales y efectos públicos, sin perjuicio de que las actuaciones policiales se iniciasen por el presunto delito de blanqueo de capitales". Y, por lo investigado por la Seguridad Social, "por parte de los imputados y del Ayuntamiento de Marbella se ha prescindido total y absolutamente de las normas reguladoras del procedimiento a seguir en la adjudicación de un servicio público".
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