Los niños discapacitados tendrán derecho a recibir atención social

Los niños menores de tres años con discapacidad grave también tendrán derecho a recibir atención social. Ésta es una de las modificaciones del Ministerio de Trabajo al proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Los cambios buscan garantizar la financiación y concretar un nivel mínimo de protección igual en toda España. IU y ERC apoyan la norma.

El objetivo de la ley, aprobada como anteproyecto el pasado diciembre, es crear un nuevo derecho, el de las personas que no pueden valerse por si mis (más de un millón en España) a recibir atención social. Para ello se ofrecerán servicios, principalmente públicos o concertados (como teleasistencia, ayuda a domicilio, residencias o centros de día), a través del Sistema Nacional de Dependencia. El beneficiario contribuirá a sufragar el coste en función de su renta y su patrimonio. También se prevé la posibilidad de pagar un sueldo a los cuidadores familiares, que deberán darse de alta en la Seguridad Social.

En el paso de anteproyecto a proyecto de ley, el Gobierno ha introducido cambios al hilo de las recomendaciones del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES) y de los contactos sostenidos con IU-ICV y Esquerra Republicana. El Ejecutivo lo aprobará previsiblemente este viernes.

- Extensión a los menores detres años. El texto modificado incluye como beneficiarios a los niños menores de tres años con discapacidad grave, cuya excluisión criticó el Consejo de Estado. En la nueva redacción se establece: "Sin perjuicio de los servicios establecidos en los ámbitos educativo y sanitario, el Sistema Nacional de la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de tres años que presenten graves discapacidades". En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales calculan que al menos 3.000 pequeños podrían beneficiarse del derecho.

- Derecho exigible ante los tribunales. El derecho de las personas dependientes a recibir atención tendrá carácter "universal" y será "exigible administrativa y jurisdiccionalmente", tal como figura en la declaración suscrita ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera; el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, y el diputado de ERC Joan Tardà en apoyo a esta "ley de izquierdas". Las dos formaciones se comprometen a trabajar con el grupo socialista en la tramitación y aplicación de la ley.

- Financiación y comunidades autónomas. En la declaración se señala que la atención a la dependencia tendrá un modelo de financiación "estable, suficiente y sostenido", tal como pidió el CES. También se concretan las obligaciones del Estado y las comunidades autónomas, como planteaba el Consejo de Estado. La Administración Central financiará una carta de servicios mínimos de protección iguales en toda España, según la secretaria de Servicios Sociales, Amparo Valcarce. Las comunidades que deseen aumentarlos contarán con la cofinanciación estatal en un segundo escalón de servicios.Si quieren avanzar más, deberán sufragarlo solas.