¿Para cuándo la producción limpia?

La prevención en la gestión de los residuos es el primer y principal objetivo de todos los programas o normativas del sector. La "jerarquía" en la gestión de los residuos, consagrada en la normativa europea, está presente en toda la legislación, estatal o autonómica. Ahora nos llegan vientos de Bruselas en el sentido de poner en cuestión esa jerarquía, en donde la prevención y minimización en la generación de residuos son prioritarias delante de otros tratamientos, como el reciclaje, el vertido o la incineración. Ya se sabe que en los tiempos de globalización y de dominio de las políticas neoliberales, el medio ambiente ha dejado de ser una prioridad para la actual Comisión Europea.

El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana (1997-2002) preveía que se produjera una disminución de un 25% en la generación de residuos industriales en ese plazo, con la aplicación de una serie de programas, en los que la minimización y la producción limpia jugaban un papel fundamental. El Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) se marcaba un objetivo de minimización del 40% aun más ambicioso. Entonces, en 1995, se generaron 210.944 toneladas de residuos peligrosos en todas las industrias valencianas, pero ahora ese volumen en lugar de disminuir ha aumentado claramente, y podríamos superar las 300.000 toneladas anuales, aunque las estadísticas oficiales brillan por su ausencia.

El capítulo de la producción limpia es uno de los incumplimientos más flagrantes de los diferentes gobiernos del PP en la política de residuos. La producción limpia fue un término acuñado por el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1989, ya antes de la Conferencia de Río de Janeiro (1992), que designaba un nuevo enfoque conceptual, que demandaba analizar todas las fases del ciclo de vida de un producto, para incluir en ellas la minimización y prevención de riesgos para el ser humano y el medio ambiente. En síntesis, se trata de modificar los procesos productivos para minimizar la generación de residuos, ahorrar recursos naturales, utilizar materias primas no tóxicas, producir mercancías más durables e introducir la ecoeficiencia en la economía productiva. Tanto en el PIR (1997) como en la Ley Valenciana 10/2000 de Residuos la Administración se comprometía a crear un Centro de Tecnologías Limpias (CTL), que impulsara la producción limpia y las políticas de prevención en las empresas.

Hasta octubre de 2005 no se crea administrativamente el Centro de Tecnologías Limpias, en el Parque Tecnológico de Paterna, dependiente de la Consejería de Territorio y Vivienda y solamente hace pocos días se ha nombrado su comité técnico director. Se ha perdido un tiempo precioso para poder introducir la producción limpia en el tejido productivo valenciano, y mientras tanto las políticas preventivas se han reducido a la edición de manuales de buenas prácticas en los diferentes sectores industriales, y a la concesión de algunas ayudas a las empresas que presentaban proyectos de minimización de residuos. Cada productor se ve obligado a presentar desde marzo de 2002 un Plan de Prevención y Reducción de Residuos cada cuatro años. Ahora deberían haber presentado el segundo plan. ¿Alguien está controlando que esos planes sean efectivos y realmente se esté reduciendo la generación de residuos peligrosos? La gran paradoja en el tema de los residuos es que se admite que la prevención es prioritaria, pero en la práctica se actúa de forma contraria, la desidia y las malas prácticas prevalecen, y así el problema no hace más que agravarse.

Pero es que además la orientación que se le da al CTL es claramente insuficiente. En lugar de ser un centro de investigación y de difusión de las tecnologías limpias a todos los sectores productivos, el CTL se convierte en una máquina administrativa auxiliar de la Consejería de Territorio y Vivienda en los procedimientos de solicitud de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), una autorización a la que se ven obligadas a obtener antes del 2008 las principales empresas contaminantes, en cumplimiento de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y de la futura Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, ahora en tramitación en las Cortes Valencianas.

A diferencia de otros organismos similares en otras comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, etc), que llevan funcionando varios años, en los que es prioritaria la difusión y asesoramiento al tejido productivo hacia la producción limpia, el CTL valenciano se convierte en un fiscalizador de los documentos presentados por las empresas en el procedimiento de obtención de la AAI.

El resultado final es evidente: cada año generamos más residuos peligrosos, y los proyectos de iniciativa privada para construir vertederos de residuos peligrosos se multiplican como setas, con el beneplácito de la Administración: Fanzara, La Salzadella y Les Coves de Vinromá, el famoso triángulo tóxico en Castellón, posiblemente Zarra en Valencia y seguro que hay alguno más en cartera. Se hace difícil aceptar esas instalaciones en comarcas agrícolas, alejadas de los centros industriales productores de residuos, cuando los proyectos se llevan con oscurantismo y falta de participación pública y cuando la ausencia de políticas de prevención desde la Administración es clamorosa.

Dos políticas opuestas en los residuos peligrosos: la prevención y la minimización o las de final de cañería como la supuesta eliminación en vertederos o su incineración. En la primera gana el medio ambiente y la salud humana, en la segunda la ganancia económica es para las empresas promotoras de esas instalaciones y los perjuicios son para todos, especialmente para las poblaciones afectadas. ¿Cuál de ellas se abrirá camino finalmente?

Carlos Arribas Ugarte es coordinador de Ecologistas en Acción del País Valenciano.