El Gobierno suspende la comercialización de productos de la empresa de la esposa de Fabra

Vicente Vilar denunció la falsificación de documentos y analíticas de los fitosanitarios

El Ministerio de Agricultura ha decretado la suspensión cautelar sobre la comercialización de cualquiera de los productos fitosanitarios que hasta ahora vendía Artemis 2000, la empresa participada por la esposa del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, y la ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que le denunció. La suspensión se debe a la existencia de indicios fundados acerca de la manipulación de la documentación para obtener las autorizaciones de estos productos y a la imposibilidad de garantizar que su composición real se corresponde con la comercializada.

Agricultura halló "indicios de falsificaciones de sellos y firmas"

Artemis, en la que la esposa de Fabra se desvinculó de cargos orgánicos, no ha presentado las certificaciones requeridas por el Ministerio de Agricultura, que ha decidido la suspensión cautelar de la comercialización de todos los productos fitosanitarios que se encuentran a nombre de Artemis 2000, la empresa que compraron la esposa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y la ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el empresario, ambas mujeres se hicieron cargo de esta sociedad con el fin de tramitar, a través de ella, las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios que diputados y cargos del Gobierno del PP trataban de agilizar, tal como denunció el mismo empresario y como atestiguan varios documentos.

Tanto la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, como la ex de Vilar, Monserrat Vives, son investigadas por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, así como por un presunto delito de falsedad. En el caso del presidente del PP en Castellón, se suma otra imputación por un presunto fraude fiscal.

La suspensión, decretada el pasado día 23 de febrero, se debe a que Artemis, de momento, no ha rebatido los "indicios fundados" que existen sobre la posible manipulación de la documentación presentada para la obtención de la autorización de los productos. Según fuentes del ministerio, la sociedad no ha presentado la documentación que se le ha requerido y que fue solicitada con el fin de corroborar la correspondencia entre las autorizaciones otorgadas y los productos comercializados. De esta manera, ha prohibido, de forma cautelar, la comercialización de los productos de Artemis 2000 al no haber podido comprobar la documentación original de la sustancia activa que utilizan en su composición y que sí fue presentada en el momento en el que se solicitaron los registros de los fitosanitarios. Por ello, según las mismas fuentes, el ministerio no pueden determinar con seguridad que la composición de los productos declarada y la real sean la misma.

El Ministerio de Agricultura inició, de oficio, esta comprobación, así como la revisión de varias sustancias activas, y reclamó a las empresas titulares de los registros que presentaran la documentación original que utilizaron en su día para la obtención de las autorizaciones. Artemis 2000, sociedad de la que se desvinculó la esposa de Fabra cuando estalló el caso, no la ha presentado. La Dirección General de Agricultura halló "indicios de la existencia de falsificaciones de sellos y firmas de solicitud de autorización" y señaló como dudosos seis expedientes después de comprobar cómo sellos y firmas no concordaban con otros originales.

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La decisión del ministerio apoya también la última denuncia planteada por Vilar, quien manifestó la existencia de una trama de falsificación de analíticas y documentos con el fin de aportar la documentación que la administración requería para la obtención de las autorizaciones. El empresario dijo que en su fábrica, y con el consentimiento de Fabra, se manipulaban los análisis y escritos que posteriormente se remitían a los ministerios como parte de la documentación que Artemis 2000 enviaba para la obtención de registros.

Por esta denuncia, el juzgado número 2 de Nules abrió unas diligencias en las que están imputados tanto Fabra como su esposa, Vilar y su ex esposa.

Uno de los productos fitosanitarios etiquetados por Artemis 2000.
Uno de los productos fitosanitarios etiquetados por Artemis 2000.ÀNGEL SÁNCHEZ

Un posible delito contra la salud pública

La suspensión de la comercialización de los productos del llamado caso Fabra será un motivo más de los que esgrimirá la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) en su solicitud para que las diligencias judiciales permitan también la investigación de un presunto delito contra la salud pública. Ésta fue una de las primeras acusaciones del empresario Vicente Vilar, cuyas querellas, sin embargo, fueron archivadas aunque dieron pie a la apertura de otro procedimiento de oficio por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública. Una posterior denuncia de Vilar dio paso a la apertura de otras diligencias por falsedad ya que, según dijo, la documentación presentada para la obtención autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios había sido falseada. Sin embargo, tampoco entonces se inició la investigación por el presunto delito contra la salud pública que reclama la UCE, personada en el caso como acción particular.

El empresario sostuvo que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, diseñó la estrategia de manipulación de documentos y aportó los primeros sellos falsificados para presentar la documentación con la que el Ministerio de Agricultura autorizó la fabricación de varios productos fitosanitarios. Ante el juez, Vilar aseguró que la "idea" de manipular análisis fue sugerida en 1999 por una asesoría en la que trabajaban ex altos cargos de Agricultura y aportó 43 tampones falsos y documentos, originales y copias manipuladas, utilizados hasta 2002. Por su parte, Carlos Fabra negó su participación en la falsificación de sellos y analíticas que formaban parte de la documentación de solicitud de licencias de fabricación de fitosanitarios.

Vilar indicó que algunas de las autorizaciones se solicitaban a favor de Artemis 2000, la empresa que formaron la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández.

A la denuncia del empresario Vicente Vilar se sumaron los indicios detectados por Agricultura ante la existencia de sellos y documentos dudosos y, ahora, la imposibilidad de asegurar que los productos reúnen los requisitos de pureza que exige el Ministerio de Agricultura.

Así, la UCE cree conveniente esclarecer si alguna de las sustancias utilizadas pudiera ser perjudicial para la salud, ya que se trata de productos para uso agrícola.

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