Fernández urge al Parlamento a aprobar el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales este año

La Junta aprobó ayer el proyecto de ley que regulará el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, un paso definitivo en lo que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, no tuvo reparos en calificar como "un largo camino". El nuevo organismo autonómico, cuya creación ya estaba prevista en el acuerdo de concertación social de 2001, coordinará iniciativas para difundir la "cultura preventiva". Fernández invocó el "consenso" alcanzado con sindicatos y patronal tras numerosas negociaciones para pedir "sensibilidad" a los parlamentarios y que aceleren los trámites, de modo que el Instituto funcione ya este año.

El consejero de Empleo, en conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aseguró que hay una partida de 1,2 millones de euros reservada para facilitar la puesta en funcionamiento del Instituto "en 2006". Fernández precisó que en un año ordinario, el presupuesto del nuevo organismo rondará los cinco millones de euros.

Su peso en la política autonómica de prevención de riesgos laborales (absorberá alrededor del 10% de los recursos anuales de la Junta en esta materia) y sus funciones (carecerá de capacidad sancionadora o inspectora sobre los accidentes laborales) son limitados. La importancia del Instituto radica en que será el principal instrumento de la Junta para potenciar la prevención en los lugares de trabajo (mediante campañas de sensibilización, análisis de enfermedades profesionales y estudios sobre las razones de la siniestralidad). Y en que es un organismo con participación directa de los sindicatos y la patronal.

La polémica sobre el retraso en la creación del Instituto ha venido alimentada precisamente porque fue uno de los pocos puntos del acuerdo de concertación de 2001 entre Junta, sindicatos y patronal que no se puso en marcha en la pasada legislatura. Además, el desacuerdo evidenciaba las notables diferencias entre los sindicatos y la patronal al abordar este tema y los problemas del del Ejecutivo autonómico para conciliar ambas posturas. "Este modelo sólo es válido desde el consenso, no hubiese resultado eficaz si la Junta de Andalucía hubiese impuesto únicamente su voluntad", defendió Fernández.

El consejero, que en ocasiones anteriores achacó el retraso a la convocatoria electoral de 2004 o a la creación de una nueva dirección general de Seguridad Laboral, se refirió esta vez a la dificultad de cerrar las negociaciones como principal motivo para la demora. "En democracia, el consenso significa tiempo", repuso Fernández, quien no dudó en referirse a ese "consenso" (ratificado por unanimidad en el Consejo Económico y Social de Andalucía) y al "interés de la sociedad" en el proyecto para reclamar a los grupos parlamentarios una tramitación veloz.

A preguntas de los periodistas, el consejero se mostró reacio a pedir la tramitación urgente de la ley - "No voy a entrar en calificaciones, eso corresponde a los grupos parlamentarios", dijo-, pero no dejó de plantear que se acelere la aprobación. "Los parlamentarios tienen derecho a hacer sus aportaciones", aclaró Fernández, "pero lo mejor sería que el proyecto vea la luz lo más pronto posible".

El Instituto, que contará con un consejo general de 16 vocales (8 designados por Empleo y los otros 8 por sindicatos y patronal a partes iguales), integrará también una unidad de prevención de riesgos laborales, que dará cobertura jurídica a los 64 asesores designados por los agentes sociales que visitan los tajos en la construcción. Estos asesores actuaban en virtud de un convenio entre los sindicatos y la patronal de este sector. En sus visitas, que deben contar con el beneplácito del empresario afectado, analizan las medidas de prevención y proponen cambios si detectan algún fallo, aunque sin ninguna capacidad de denuncia o sanción.

Más accidentes en servicios

El consejero anticipó que la Junta planteará que la unidad de prevención de riesgos laborales extienda esta medida a otros sectores, siempre a partir del acuerdo de los agentes sociales. "Una vez que hemos visto que esto funciona en la construcción, el sector que más nos preocupa ahora es el de servicios", indicó Fernández. Una preocupación que se deriva de las cifras del primer trimestre: según el consejero, Andalucía registró hasta marzo 37 muertos en accidentes laborales, dos más que en el mismo periodo del año pasado. Pero Fernández matizó que el número de accidentes mortales y graves había descendido en todos los sectores (construcción, agricultura e industria) salvo en servicios. Aquí, el consejero destacó la incidencia de los siniestro de tráfico en horario laboral, una circunstancia para la que también planteará en el futuro "medidas específicas".

Como era de esperar, la aprobación del proyecto fue bienvenida por los máximos representantes de Comisones Obreras, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Las críticas vinieron del lado del PP: el parlamentario Luis Martín, en declaraciones a Europa Press, recalcó el "incumplimiento" de la Junta por la demora en la tramitación del Instituto y mostró sus dudas sobre la cobertura presupuestaria del proyecto. Martín insistió en la idoneidad de que la sede del nuevo organismo se ubique en Granada, una opción que el consejero volvió a desechar ayer en favor de Sevilla.