Quince años de expolio

EL SUMARIO ABIERTO por el juez de instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, sobre la base de las investigaciones policiales de la Operación Malaya sirvió de fulminante a la medida adoptada el martes por el Consejo de Ministros para poner en marcha la disolución de su ayuntamiento; el interrogatorio de una veintena larga de cargos públicos, empleados municipales y empresarios fue acompañado por el encarcelamiento de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y del asesor y padrino de Urbanismo, Juan Antonio Roca. La novedosa iniciativa del Gobierno -es la primera vez que se adopta- cosechó al día siguiente el refrendo unánime del Senado. Nadie puso en duda la procedencia de aplicar el artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local a Marbella: las corporaciones municipales pueden ser disueltas cuando la gestión de sus órganos de gobierno resulte gravemente dañosa para los intereses generales e incumpla sus obligaciones constitucionales.

El encarcelamiento por el juez Miguel Ángel Torres de la alcaldesa de Marbella y de otros cargos municipales descubre la amplitud y profundidad de las tramas de corrupción en la Costa del Sol

Sin embargo, el principal partido de la oposición ha criticado ásperamente la vía escogida por el Consejo de Ministros (las dos únicas fórmulas a su disposición eran, o bien las elecciones anticipadas, o bien la creación de una comisión gestora) para colmar el vacío institucional de Marbella hasta que sean celebrados el 27 de mayo de 2007 los comicios municipales en toda España, según el calendario cuatrienal legalmente establecido: mientras el Gobierno se ha inclinado por la gestora, el PP está a favor de un inmediato llamamiento a las urnas. La discrepancia no se explica sólo por sus diferentes enfoques de hermenéutica jurídica: los intereses partidistas también condicionan fuertemente la obcecada preferencia expresada por el PP.

Los dictámenes del Consejo de Estado y de la gran mayoría de los expertos en Derecho Administrativo consideran ineludible la creación de una comisión gestora encargada de administrar los asuntos ordinarios de la corporación disuelta de Marbella hasta la celebración de los comicios de mayo de 2007. Aunque en principio sea preferente, la alternativa de convocar elecciones parciales para sustituir al ayuntamiento disuelto no es jurídicamente viable: el artículo 183 de la Ley de Régimen Electoral excluye la aplicación de ese procedimiento, en teoría prioritario, cuando el mandato temporal de la nueva corporación -como sucedería de manera inevitable en este caso concreto- sea inferior a un año. El nombramiento de la gestora corresponderá a la Diputación Provincial de Málaga, gobernada actualmente por el PSOE (14 escaños) e IU (2), con el PP (13), el PA (1) y el GIL (1) en la oposición: si la comisión de Marbella no fuese aprobada con el consenso de los dos grandes partidos sino por simple mayoría, los populares se considerarían perjudicados.

Las fuentes municipales y espesas de la oceánica corrupción descubierta en Marbella por el juez Miguel Ángel Torres -instructor de los sumarios Operación Malaya, actualmente en curso, y Operación Ballena Blanca sobre blanqueo de dinero, ya concluido- se remontan a la arrolladora victoria en 1991 del Grupo Independiente Liberal, una burlesca denominación ideada por Jesús Gil y Gil con el propósito de que las siglas del partido reprodujeran el apellido de su propietario. Durante estos 15 años, el Estado de derecho no ha logrado impedir que las instituciones democráticas hayan sido asaltadas por una cuadrilla de aventureros, que han utilizado el ayuntamiento como una ganzúa para enriquecerse de manera insolente a través de las actividades mafiosas y el tráfico de influencias sobre recalificaciones urbanísticas y licencias municipales (en Marbella hay cerca de 30.000 viviendas ilegales). Aunque los ex alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz fuesen condenados en su día a suaves penas en algunos procesos menores, tanto los oscuros episodios ocurridos en los juzgados de Marbella (incluida la desaparición de varios sumarios) y los fallos de algunos tribunales como la indolencia del Ministerio de Interior para perseguir la corrupción durante el mandato de Aznar explican las teratológicas dimensiones alcanzadas por la podredumbre sacada a la superficie por la Operación Malaya.