El Tribunal de Cuentas reprueba a Zaplana por su gestión en Trabajo

La campaña de publicidad que realizó en 2003 el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre revalorización de las pensiones y abono a los pensionistas de una paga única tuvo en realidad "la finalidad de proyectar una imagen favorable en toda la ciudadanía, y no sólo en los pensionistas, de la acción gubernamental" del PP, según un informe del Tribunal de Cuentas remitido a las Cortes. Entre diciembre de ese año y las elecciones de 2004, el Ministerio de Trabajo gastó en publicidad institucional el 80% de lo previsto para 13 meses.

El Tribunal de Cuentas advierte al Parlamento en su informe de fiscalización de que ha detectado irregularidades o deficiencias en 11 de las 14 campañas publicitarias del Ministerio de Trabajo correspondientes, sobre todo, a 2003 y 2004. El pleno del tribunal advierte, en coincidencia con el fiscal y el abogado del Estado, de que "se ha podido producir un menoscabo innecesario, y también previsible, de los caudales públicos derivados del pago de una indemnización al contratista (de una campaña para 2004 que no se terminó de ejecutar por orden de la Junta Electoral) que podía y debía haberse evitado". Esas irregularidades serán remitidas a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas "para la determinación de las eventuales responsabilidades".

La Junta Electoral Central tuvo que ordenar la suspensión de la campaña del INSS, por importe de 7,2 millones de euros, sobre revalorización de las pensiones en 2004 porque se realizó, en parte, en periodo electoral. El Instituto Nacional de la Seguridad Social encargó a la empresa adjudicataria que la difusión debía desarrollarse entre el 11 y 25 de enero. El portavoz del Gobierno anunció el 9 de enero la convocatoria de las elecciones generales para el 14 de marzo.

El informe concluye que esa campaña, "al amparo de un interés informativo dirigido a los pensionistas, tuvo por objeto, básicamente, mejorar la imagen institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" y "provocó un innecesario coste económico". La empresa adjudicataria, Overmarketing, cobró una indemnización de 210.985 euros por la parte de la campaña que no llegó a ser ejecutada, porque lo impidió la Junta Electoral.

El Tribunal de Cuentas propone que se tipifique como delito electoral "la flagrante desobediencia", desde que se convocan las elecciones, al deber de respetar la imparcialidad en la publicidad institucional.

El informe, aprobado el 16 de marzo y enviado a las Cortes, considera injustificado que la campaña para difundir la revalorización de las pensiones de 2003 fuera negociada sin publicidad. Y resalta el hecho de que los pensionistas ya habían sido informados, por carta, por lo que no era imprescindible realizar una campaña publicitaria en medios de comunicación. La decisión del Ministerio de Trabajo de incluir a toda la población como destinataria de los mensajes y el contenido de éstos -Un año más cumplimos- prueba que hubo una desviación del objetivo declarado. Expertos en financiación de partidos consideran que actuaciones de ese tipo suponen una "financiación implícita", e irregular, ya que ahorran gastos publicitarios a las formaciones políticas, en este caso el PP.

El Tribunal de Cuentas deja constancia de que entre finales de diciembre de 2003 y el 20 de enero de 2004 -día en que empezó el periodo electoral-, el Ministerio de Trabajo gastó en tres campañas publicitarias el 80% de un gasto previsto para 13 meses en el Plan de Comunicación Global.

El tribunal detalla que en 2003 el ministerio de dirigía Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana, modificó la campaña sobre las pensiones para ampliar de tres a nueve los diarios valencianos en los que comprar espacios publicitarios, a costa de reducir esa contratación en otras regiones.