El Supremo consolida el hecho jurídico de que catalán y valenciano son la misma lengua

El Consell duda en recurrir la sentencia al Constitucional para no cerrar del todo la cuestión

Valencia - 07 abr 2006 - 00:00CEST

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a convalidar los certificados administrativos de conocimiento del idioma autóctono aprobados por los gobiernos catalán y balear viene a consolidar desde el punto de vista jurídico la unidad de la lengua catalana, algo que científicamente está aceptado desde hace años, pero que en el plano político sigue siendo cuestionado por la derecha instalada en el Consell. La izquierda y las entidades cívicas que iniciaron el procedimiento celebraron ayer el fallo del alto tribunal, pero el Consell anunció que estudia la posibilidad de recurrirlo. Aunque para ello tendría que apelar al Tribunal Constitucional, que ya ha avalado la unidad de la lengua.

El Constitucional ya avaló la denominación de 'catalán' en la universidad

La sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado día 15 de marzo ha consolidado de forma casi definitiva, desde el punto de vista jurídico, que el catalán y el valenciano son la misma lengua y deja al Consell en una difícil situación. Reconocida desde hace años por el mundo universitario, por los más reconocidos lingüistas y por el sentido común, ahora la unidad de la lengua ya sólo puede ser discutida -si bien cada vez con menos fuerza- desde el interés político, el que la derecha valenciana ha utilizado una y otra vez a lo largo de las últimas décadas para obtener réditos electorales.

El Consell del PP, que ayer dijo que "estudia" la posibilidad de recurrir esta sentencia, se encuentra ante un dilema. Porque las posibilidades de seguir utilizando la lengua como arma política se reducen de forma inexorable, tanto si recurre como si no. Si decide recurrir -y eso sólo podría hacerlo ante el Tribunal Constitucional (TC)- puede encontrarse de nuevo, si es que la más alta instancia del Estado llegara a aceptar el trámite, con un nuevo revés. Porque no hay que olvidar que el TC ya ha dictaminado una vez sobre la naturaleza del valenciano: en 1997 el alto tribunal avaló la denominación de catalán incluida en los estatutos de la Universitat de València. Y si no recurre, tendrá que explicarlo, porque estará dando por buena esta reciente sentencia del Supremo. Un fallo que se apoya en el informe que la Acadèmia Valenciana de la Llengua aprobó en febrero de 2005. "En ese dictamen se afirma que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares y el Principado de Andorra, y que las diferentes hablas de todos esos territorios constituyen una lengua", dice la sentencia. En este sentido, hay que recordar que el nuevo Estatut d'Autonomia reconoce la autoridad normativa sobre el valenciano a la AVL.

Este reciente fallo del Supremo ha dado la razón a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y al Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV). Estas dos entidades recurrieron en su día la orden de la Consejería de Cultura de la Generalitat que en diciembre de 1995 derogó parcialmente otra aprobada en agosto del año anterior por el entonces consejero del ramo, el socialista Joan Romero, sobre la homologación de los certificados oficiales de conocimiento del idioma exigibles a los funcionarios. Aquella orden equiparaba los títulos emitidos por la Junta Avaluadora de la Llengua Catalana de Baleares y por la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Cataluña con los de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Y se suma a otras decisiones de diversas instancias judiciales que en los últimos años han avalado una y otra vez la unidad de la lengua.

ACPV y STE-PV manifestaron su satisfacción por la sentencia, que "desmonta jurídicamente la política secesionista impulsada por el PP desde que llegó al poder". Ambas entidades valorarán hoy en conferencia de prensa la sentencia. Esta fue recibida ayer con especial alegría por Joan Romero, que también fue el principal impulsor de la ley que dio lugar a la creación de la AVL.

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Los partidos de la izquierda y nacionalistas mostraron igualmente su satisfacción por la decisión judicial. Socialistas, Esquerra Unida y Bloc instaron al Consell y al PP a acatar el fallo, a dejar de utilizar la lengua como arma política y a apoyar la promoción del valenciano en todos los ámbitos. Tras recordar a los populares que la AVL es el órgano lingüístico responsable de definir qué lengua hablan los valencianos, cómo la hablan y cuál es su estándar, consideraron que el Consell lo único que tiene que hacer es atender a las indicaciones del órgano que él mismo ha creado, así como las de las Universidades.

Mientras, el Consell y el PP no variaron el discurso: el posible recurso que estudia interponer la Generalitat contra la sentencia del Supremo, pretende "restablecer" un "derecho del pueblo valenciano", dijo Font de Mora, quien recordó en este sentido que el nuevo Estatut d'Autonomia "establece claramente" que en la Comunidad Valenciana "se habla la lengua valenciana y el idioma valenciano". Algo que nadie ha discutido y que tampoco representa contradicción alguna con el hecho de que se trata de la misma lengua que hablan catalanes y mallorquines.

La irrupción que nunca existió

"¿Irrupción? Yo fui en ejercicio de un derecho reconocido en la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que dice que el Gobierno puede estar en la Acadèmia y presentar sus informes, y yo fui allí a presentar a la Acadèmia la posición del Gobierno valenciano". El consejero de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat, Alejandro Font de Mora, explicó así ayer lo que hizo el 22 de diciembre de 2004, cuando se presentó de improviso en la reunión del pleno de la AVL, que ese día tenía previsto aprobar su dictamen sobre la naturaleza de la lengua. La institución había pactado un texto que defendía el uso de la denominación de valenciano como estatutaria, tradicional, legal y extendida y proponía el uso de la fórmula "valenciano/catalán con "igual rango y dignidad" para los dos nombres en aquellas circunstancias externas que requieran identificar el conjunto del sistema lingüístico.

El escrito, que no iba más allá de lo que en su día había dictaminado el Consell Valencià de Cultura en el informe que dio lugar a la creación de la AVL -aquel que reconocía la unidad de la lengua, si bien con un circunloquio para no decir catalán- no fue aprobado ese día. Lo impidió Font de Mora, que irrumpió en la AVL, dijo que le enviaba el presidente Camps, calificó el dictamen de ilegal y, en tono de arenga, amenazó a los académicos con medidas legales y legislativas si osaban aprobarlo. El Consell incluso amenazó con modificar unilateralmente la ley de creación de la AVL para impedir que los académicos se pronunciaran sobre el asunto. Una amenaza que puso en peligro el pacto para la reforma del Estatut, que socialistas y populares negociaban en esos momentos.

La amenaza no surtió efecto. La AVL aprobó dos meses más tarde el dictamen, con alguna modificación que no cuestionaba el fondo de la cuestión: que valenciano y catalán son dos denominaciones distintas para una misma lengua. Algo que las universidades de todo el mundo habían establecido mucho antes y que ahora certifica, una vez más, una sentencia judicial.