Huelga de RTVE

Trabajadores de RTVE en huelga obligaron ayer, con el estruendo de una cacerolada, a interrumpir la emisión del informativo de mediodía. Fue el incidente más sonado de la jornada de huelga convocada por los sindicatos en protesta por el plan de reconversión recientemente presentado por la dirección del ente y la SEPI, y que prevé reducir la plantilla en casi un 40%.

Despedir a más de 3.000 empleados es una medida grave. También lo es el endeudamiento acumulado, que alcanza ya los 7.500 millones de euros, resultado de un desfase entre ingresos y gastos que en los últimos años ronda los 500 millones de euros por curso. Esa situación es insostenible. Una cosa es que la televisión pública no tenga que ser un negocio y otra que los contribuyentes tengan que sostener una ruina de ese calibre. En cualquier otra empresa, pública o privada, hace años que se hubieran tomado medidas para detener esa crecida. Es lo que ahora se está haciendo.

Y no de cualquier manera. El plan se basa en jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas; es lógico que los sindicatos intenten negociar su cuantía y condiciones, pero no pueden oponerse a una adaptación de las dimensiones de la plantilla a la situación real del mercado audiovisual, tan distinta a la de los años en que TVE funcionaba en régimen de monopolio. La resistencia a reformas paulatinas ha hecho inevitable la muy drástica que ahora se emprende.

Ir a una huelga de 24 horas sin haber iniciado de hecho la negociación es como mínimo desproporcionado. Y está fuera de lugar hacerlo con el argumento puramente dilatorio de que antes de abordar el recorte hay que definir el nuevo modelo de televisión pública. Esa definición corresponde al Parlamento, donde está a punto de culminar la tramitación del proyecto.

La utilización del derecho de huelga en los servicios públicos está sometida a limitaciones lógicas, dado que sus efectos pueden perjudicar a millones de personas. Los servicios mínimos establecidos por la dirección habían reducido las emisiones en directo durante la huelga a los informativos y a la retransmisión del encuentro entre el Barcelona y el Benfica. Los huelguistas impidieron que terminase el Telediario de las tres de la tarde, el más visto a esa hora, y trataron de que no se diera el partido, recurriendo en ese punto los servicios mínimos. Los partidos de Champions retransmitidos en abierto suelen ser vistos por más de ocho millones de personas, en su inmensa mayoría contribuyentes que con sus impuestos mantienen RTVE. Se equivocan los sindicatos si piensan que ése es el camino para contar con la comprensión del público.