Hallados muertos tres hermanos venezolanos secuestrados hace 38 días

Los cuerpos de los hermanos Bryan, Kevin y Jason Faddoul Diab, de 12, 14 y 17 años, respectivamente, hijos de un empresario canadiense de origen libanés, fueron localizados el martes en una zona boscosa junto al de Miguel Rivas, de 30 años, chófer de la familia. Los cuatro habían sido secuestrados 38 días antes por supuestos agentes policiales. El crimen ha consternado el país, aunque en Venezuela ocurren dos asesinatos de promedio cada hora.

El pasado domingo, mediante una plegaria, el recién nombrado cardenal Jorge Urosa intentó convencer a los secuestradores de los hermanos Faddoul y al chófer de la familia, de devolverles la libertad sin más demora. Pero, de acuerdo a los análisis forenses, es muy probable que para el momento de la oración, ya las cuatro víctimas del secuestro estuviesen muertos.

Los delincuentes, que durante 38 días habían tenido en su poder a los tres hermanos -uno de ellos, Kevin, minusválido- y al chófer, los asesinaron durante el fin de semana mediante disparos de escopeta a la cabeza y abandonaron los cuerpos en una zona boscosa de San Francisco de Yare, en el Estado de Miranda, vecino de la capital de Venezuela.

El desenlace del caso se conoció por la noche. Agentes de la policía municipal de Yare encontraron los cadáveres uno al lado del otro. A pesar de estar en proceso de descomposición, varios indicios apuntaban hacia los Faddoul y su chófer: se trataba de un adulto, un joven y dos niños. Los tres muchachos vestían aún las camisetas del colegio Nuestra Señora del Valle, un instituto educativo de Bella Vista, barriada de clase media del oeste de Caracas. Uno de ellos presentaba una deformidad congénita en las piernas.

A las pocas horas, un tío de los niños, José Faddoul, identificó los cuerpos. El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, ofreció una declaración casi a la medianoche para expresar su pésame a las familias de las víctimas. "Lamentamos profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados por tantas personas, no hayamos podido evitar este crimen abominable", dijo.

La consternación en el país es generalizada. A pesar de que en Venezuela se registran en promedio dos asesinatos cada hora, el caso Faddoul ha ido más allá de las abarrotadas páginas de sucesos. Ayer se produjeron diversas manifestaciones tanto en Caracas como en otras ciudades. En la zona donde reside la familia, vecinos y compañeros de estudio de los muchachos cerraron una avenida principal y en la cercana Universidad Católica Andrés Bello los estudiantes cortaron una autopista.

Hacia el final de la tarde se registraron escaramuzas entre los manifestantes y personas que querían transitar por esta vía. Jorge Aguirre, reportero gráfico de Últimas Noticias, falleció tras ser alcanzado por una bala aparentemente disparada por un hombre que se desplazaba en una motocicleta semejante a las utilizadas por la policía de Caracas.

Los hermanos Faddoul fueron secuestrados al amanecer del pasado 23 de febrero cuando se dirigían al colegio en un automóvil conducido por Miguel Rivas. Individuos que vestían el uniforme de la Policía Metropolitana de Caracas habían montado un puesto de control en una calle de la urbanización. Rivas detuvo el vehículo y los agentes lo abordaron, dando comienzo al drama.

Un día después, la familia Faddoul recibió la primera llamada de los secuestradores, quienes les indicaron dónde localizar el coche. En un segundo contacto hicieron saber sus exigencias: 10.000 millones de bolívares (unos 3,8 millones de euros). Fue entonces cuando los Faddoul, gente de clase media dedicada al comercio, denunciaron el caso ante las autoridades.

Al menos dos funcionarios de la Policía Metropolitana han sido señalados como parte de la banda que ejecutó el secuestro. Ambos desaparecieron de sus puestos de trabajo después de que agentes comenzaran a investigarlos. El director de la Policía Científica, Marcos Chávez, adelantó que los secuestradores podrían haber asesinado a sus víctimas en medio de la desesperación que les produjo el no poder cobrar el rescate.