La ley y Marbella

Mal empiezan PSOE y PP cuando, en medio de la vergonzosa ponzoña política que es hoy Marbella, se lanzan puyas a la hora de interpretar la ley para la elección de un nuevo Ayuntamiento en la ciudad andaluza tras el encarcelamiento de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde, un concejal y el asesor de Urbanismo, presunto cerebro de la corrupción. El Gobierno sostiene que no se da el plazo mínimo reglamentado de un año entre la celebración de unos comicios anticipados y los previstos para mayo de 2007; de ahí que ayer decidiera iniciar los trámites para la disolución y la designación de una comisión gestora. El PP, por el contrario, esgrime que es una cuestión de "voluntad" acortar el tiempo, amparándose en la grave situación y arguyendo un artículo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Independientemente de quién tenga razón, resulta esencial que las decisiones que se adopten sobre la crisis salgan del consenso entre las fuerzas políticas si éstas quieren recuperar la muy mellada confianza ciudadana en la institución corporativa. En ese sentido, es acertado que el Gobierno, tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer, haya solicitado el dictamen urgente del Consejo de Estado sobre si procede designar o no una comisión gestora que dirija la corporación municipal hasta las elecciones de mayo del año que viene.

A nadie se le escapa que dejar las riendas municipales en manos de una comisión gestora, que conforme a la ley deberá estar formada por los partidos que integran el Ayuntamiento, acarrea inconvenientes en su composición, debido al transfuguismo de los concejales electos en su día y la responsabilidad absoluta en el escándalo del GIL, el grupo que ganó los pasados comicios. Sin duda, resultaría mucho más provechoso para el bien de la propia ciudad que las elecciones se celebraran cuanto antes, pero sería ruinoso que se pretendiera salir de este cenagal violando la normativa vigente. Este caso, el primero en la historia de la democracia en España, pone de manifiesto la existencia de lagunas legislativas que será necesario corregir para el futuro.

El PP argumenta que el celo del Gobierno por cumplir la ley esconde el temor del PSOE a que se anticipen sus previsiones de que vencerán claramente las elecciones marbellíes de 2007. Por lógico que sea tal razonamiento, populares y socialistas harían bien en apartarse de peleas partidistas y electoralistas que sólo contribuyen a dañar, más si cabe, la imagen pública de Marbella.