El Ayuntamiento subraya que la Comunidad y el Consejo de Estado avalaron la obra

"En esto estamos las tres administraciones: Gobierno central, Comunidad y Ayuntamiento. Las tres estamos concernidas por la carta de la Comisión Europea". Así de tajante se mostró ayer José María Ortega, director de Desarrollo de Infraestructuras en el Ayuntamiento, tras conocer que Bruselas ha abierto expediente a España por las obras de la M-30. Según Ortega, lo único que ha hecho la UE es "iniciar el procedimiento para averiguar si España ha incumplido o no el derecho comunitario". "Ahora nosotros tenemos que responder explicando por qué, a nuestro juicio, no se incumple", dice.

Pero en ese "nosotros" incluye el director general a las tres administraciones. "Nadie debe olvidar que las obras no pasaron declaración de impacto ambiental porque la Comunidad de Madrid eximió al Ayuntamiento de ese trámite, y que el Consejo de Estado [órgano consultivo del Gobierno central y del autónomo] también se mostró a favor. Por último, el Ministerio de Medio Ambiente impuso una serie de condiciones para ejecutar la obra del río, que el Ayuntamiento está cumpliendo. Si la normativa europea está mal traspuesta a las leyes españolas, eso no es responsabilidad del gobierno municipal", concluyó Ortega.

La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, insistió en restar importancia a la decisión de la Comisión. "Una carta de emplazamiento lo que hace es abrir un procedimiento administrativo, pero no está diciendo que haya infracción. Vamos a contestar en el plazo de dos meses con toda la transparencia", afirmó. Martínez recordó que, hasta la fecha, "cinco sentencias judiciales" han dado la razón al Ayuntamiento y se la han quitado a quienes pedían paralizar las obras por carecer de declaración ambiental.

"Vía urbana"

El Consejo de Estado emitió su dictamen -elaborado a instancias del Gobierno regional- en abril de 2004. En él explicaba que, al cambiar de titularidad la M-30 (el Ministerio de Fomento se la había traspasado al Ayuntamiento dos meses antes), dejaba de ser una "carretera" para convertirse en una "vía urbana" y que, por ello, su reforma no requería declaración ambiental previa.

Con ese informe en la mano, la Comunidad eximió al proyecto de la obligación de pasar el trámite, aunque le impuso condiciones. Quedaba un obstáculo: las obras en el tramo del río afectaban a una zona que es competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Tajo dio su aprobación al proyecto -"para que el río sea parte de la vida ciudadana", dijo su presidente, José María Macías-, pero también con condiciones.