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Entrevista:S. PENDÓN | Presidente de la Diputación de Málaga | Corrupción en Marbella

"Es imposible respetar la proporcionalidad, porque el GIL se desmembró"

El presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón (PSOE), tiene la difícil papeleta de dirigir la formación de la gestora que se hará cargo del Ayuntamiento de Marbella una vez disuelto.

Pregunta. ¿Buscará el equipo de gobierno (PSOE-IU) otros apoyos para nombrar la gestora?

Respuesta. La excepcionalidad de las circunstancias y la repercusión que tiene sobre la población exige que las fuerzas políticas tengamos como objetivo principal e irrenunciable un diálogo que nos lleve al consenso. Debemos ser capaces de ponernos de acuerdo todos, entendiendo que el fin último que no podemos obviar nunca es garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Marbella y devolver la transparencia. El ciudadano de Marbella está soportando una losa, y tenemos la obligación de devolverle el ánimo y que vuelva a confiar en las instituciones democráticas.

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Los partidos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. No podemos convertir Marbella en un campo de batalla, porque los ciudadanos entenderían que les damos la espalda a sus problemas reales.

P. ¿Tendrá un perfil técnico o político?

R. Habrá que engarzar muy bien ambos perfiles. Estamos hablando de una situación política muy deteriorada, que exige imaginación, experiencia y esfuerzo para restituirla; gente con criterios y experiencia para encarar los problemas políticos, pero hablamos de un ayuntamiento de 120.000 habitantes que está esquilmado y exige capacidad técnica para gestionar.

P. ¿Será proporcional a la composición de la diputación?

R. La ley no establece ningún criterio. Había un real decreto, ya derogado, que decía que a ser posible se guardara la proporcionalidad de los resultados de las últimas elecciones municipales, pero eso en Marbella es imposible porque el GIL se desmembró, y además es el partido que ha generado este gravísimo deterioro.

P. ¿Cuándo estará la gestora?

R. El plazo legal son 30 días, pero soy partidario de acortar los plazos el máximo posible, porque la situación de provisionalidad que se vive ahora mismo lo requiere.

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