Lo público y las vocaciones

La dirección del PSOE de Huelva, con motivo de la moción de censura de la hasta el sábado alcaldesa de Beas, ha declarado que en esta moción se ha actuado por intereses urbanísticos y añade que "Beas es una perita en dulce para los especuladores". Pues, bien, no están los tiempos para echar en saco roto las manifestaciones del secretario de organización del PSOE onubense. El conocimiento que está llegando sobre la corrupción en materia urbanística de quiénes venían gobernando en Marbella; los indicios de los delitos de malversación, falsedad y tráfico de influencias que ha detectado el fiscal en casos relacionados con la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento de Orihuela; la denuncia del Colegio de Arquitectos de Murcia contra el Plan Municipal de Ordenación de 2001; los cambios que se han dado en el Ayuntamiento de Almuñécar, dándose de baja algunos concejales en los grupos políticos con cuyas siglas accedieron al poder, lo que también ha sucedido en el Ayuntamiento de Camas, y así un suma y sigue, ponen de manifiesto que las manifestaciones de este secretario provincial no pueden tomarse a la ligera.

Es mucho lo que hay en juego. Está por delante el desarrollo urbanístico de las ciudades y la decencia de sus instituciones. Y cuando están en juego lo público, no caben cegueras por el hecho de que algunos sinvergüenzas pertenezcan o hayan pertenecido a un grupo político. Su pertenencia, lo que debería hacer es acentuar la intervención y la responsabilidad del partido. No ya porque los actos de corrupción que pudieran cometerse les alcanzaran, sino porque son los primeros a los que puede llegarles la noticia de los intereses que hay en juego y su naturaleza. La dejadez y la inexigencia de responsabilidad o priorizar el hecho de gobernar sobre la decencia pública no pueden seguir avanzando.

Los grupos políticos deberían tomar nota de lo ocurrido en Marbella y ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como en hacer saber con hechos que no quieren ni toleran tramas mafiosas ni enriquecimientos de la noche a la mañana. Hay que salir de este círculo especulativo. Sin duda es difícil. La situación está extendida y la ciudadanía tiene la sensación que, ante determinados delitos y por determinadas personas, la impunidad es el denominador común, lo que favorece su extensión. La Justicia no llega o si llega, es tarde. Se va a la política de los hechos consumados y a acentuar la lentitud judicial mediante la utilización de los recursos judiciales para que el daño ocasionado sea de tal magnitud que la reparación devenga imposible. Se exige el esfuerzo de todos si se quiere que la actuación que se está siguiendo en Marbella sea el punto de arranque, que ayude a entender que lo público está al servicio de la colectividad, y que los tiempos de impunidad han pasado a mejor vida.

Un entendimiento que, de haberse tenido por las instituciones, es seguro que no habría alcanzado los niveles de corrupción de Marbella y su modelo no se habría extendido con la facilidad que lo ha hecho. Hay que terminar en origen con los casos que empiezan a denunciarse. Los grupos políticos tienen que empezar a tomar conciencia que no todo exige una actuación policial o judicial. Que antes de que los asuntos lleguen a los tribunales se empiezan a saber. Que, de razón, se conoce que hay indicios que permiten detectar que en muchas ocasiones al transfuguismo no le guía los intereses políticos, sino personales y económicos. Pueden ser indicios, como también lo pueden ser el gran número de políticos, de unas u otras siglas, que acabada su etapa representativa descubren que su vocación, de toda la vida, es la de asesores inmobiliarios, presumiendo de unos conocimientos y de una experiencia que, como no les haya llegado por inspiración divina como a los apóstoles, no tienen. Y son cientos. Todo un lujo que no debería aceptarse con naturalidad. En cualquier caso, esperemos y confiemos que el secretario de organización del PSOE en Huelva se haya equivocado y que, al nuevo equipo municipal de Beas, le guíe lo público. Y si no es así, que todos los grupos políticos, sin excepción, actúen para evitar estos órdagos urbanísticos.