Un Consejo de Ministros extraordinario inicia hoy la disolución del Ayuntamiento

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado para hoy un Consejo de Ministros extraordinario con un único punto en el orden del día: iniciar el procedimiento que concluya en la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El PP y el PSOE discrepan sobre la posibilidad legal de convocar ya elecciones anticipadas en la ciudad. Los populares argumentan que, "si hay voluntad política, da tiempo", y que la "situación de excepcionalidad" que vive la localidad malagueña así lo requiere. El PP afirma que "todos los candidatos a alcalde menos el del PP están o en la cárcel o imputados, y los ciudadanos merecen que se les tenga en cuenta". La dirección del PSOE no ve posibilidad legal alguna de que las elecciones puedan celebrarse.

A las 9 de la mañana se reunirá el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar una resolución, que elevará al Consejo de Ministros, en la que solicita la disolución del ayuntamiento. El Consejo de Ministros la aprobará y la remitirá al Senado. Esta resolución sólo será efectiva cuando la Cámara alta devuelva al Gobierno el informe que tiene que hacer después de recibir la propuesta. El Ejecutivo confía en que el Senado pueda responder rápidamente de manera que el viernes el Consejo de Ministros ordinario pueda disolver el ayuntamiento.

Antes de conocerse esta decisión de última hora del Ejecutivo, PP y PSOE discutieron sobre la posibilidad de acelerar la convocatoria de unas elecciones en Marbella antes de las que están previstas para todos los municipios, en mayo de 2007. La rápida decisión del Ejecutivo, tomada anoche, abre esta posiblidad.

Los populares apuestan por las elecciones con un argumento político: "Estamos ante un escándalo sin precedentes que ha llegado, por la relevancia turística de Marbella, a la prensa internacional", aseguró Ángel Acebes, secretario general del PP. Para defender ese argumento político, Mariano Rajoy irá el jueves a Marbella a pedir elecciones anticipadas.

De interés público

Con todo, el PP ha elaborado un informe jurídico para sustentar que es legalmente posible convocar elecciones anticipadas, que hay tiempo. Los comicios municipales están previstos para el 27 de mayo de 2007 y, según la ley, el mandato de la nueva corporación municipal no puede ser, en ningún caso, inferior a un año. Es decir, el gobierno municipal que saliera de esas hipotéticas elecciones debería de tener un mandato no inferior a un año.

La dirección del PP analizó el informe jurídico elaborado a instancias de Javier Arenas, presidente regional de ese partido y ex ministro de Administraciones Públicas. La primera cuestión a debate es cuándo empieza a contar ese año. Según el PP, ese año cuenta desde la fecha de las elecciones, y no aquella posterior en la que ya se constituya la nueva corporación. Esgrime el artículo 193.1 de la Ley Electoral y asegura que "el periodo de constitución de la nueva corporación ya computa como mandato de los nuevos concejales a los efectos del año a los que se refiere el artículo 183 en caso de disolución".

Para la convocatoria de elecciones, además, hacen falta al menos 53 días: de 15 a 21 para presentar candidatos; en el día 22 la publicación; el día 26 para ver irregularidades; el día 27 la proclamación de esos candidatos; el 28 para su publicación; el 37 para presentar recursos; entre los días 38 y 53 para la campaña y el de las elecciones. Con estos plazos, no daría tiempo.

Pero el PP esgrime el artículo 50.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para decir que "cuando razones de interés público lo aconsejen", esos tiempos "se reducirán a la mitad", es decir, a 28 días.

También la ejecutiva federal del PSOE trató de una manera casi monográfica el escándalo en Marbella. El propio Zapatero introdujo el asunto para señalar que una decisión tan dramática como disolver un ayuntamiento, formado por la voluntad de los ciudadanos, debe obedecer en exclusiva al interés general, y en absoluto al criterio partidista de qué resultado electoral tendrá cada partido. Nunca desde el periodo democrático en España se ha adoptado la decisión que tomará el Gobierno de disolver un ayuntamiento.

Algunos miembros de la ejecutiva tomaron la palabra para preguntar, con cierta preocupación, si no cundiría la especie resaltada por el PP de que si hubiera voluntad política podrían celebrarse elecciones en esa localidad antes del próximo año.

Respondió "muy contundente", según asistentes a la reunión, el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para afirmar que no había tiempo para convocar elecciones si se era escrupuloso con la legalidad. "No quedó duda alguna de que es imposible", señalaron asistentes a la reunión. A partir de ahí, el debate discurrió por la necesidad de poner todas las trabas posibles a la corrupción en materia urbanística. Asimismo, se ensalzó la tarea del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en este campo. El secretario de organización, José Blanco, recordó que en los años 2001 y 2003 toda la oposición del Ayuntamiento marbellí pidió la disolución del consistorio, y "el PP se opuso". Blanco recordó que desde 1991 la Junta de Andalucía puso en marcha más de 400 impugnaciones en materia urbanística, aunque la primera resolución judicial contra el ayuntamiento no llegó hasta 2003. Pero el PSOE lo que quiso ayer fue alabar el trabajo de la Fiscalía.

El PSOE pedirá la comparecencia en el Congreso de Conde-Pumpido para que ofrezca información de las actuaciones que ha llevado a cabo. Además, el Grupo Socialista prepara una proposición no de ley para ampliar las competencias de esa Fiscalía en este tipo de delitos.