Modernización pública

La modernización de la economía española es una prioridad inexcusable. Su muy aceptable ritmo de crecimiento no oculta los muy débiles registros de la productividad del trabajo, impropios de un país avanzado. Aumentar la calidad de las habilidades de los que trabajan y su desempeño eficiente es un objetivo básico en la reducción de esa cada vez más explícita asimetría entre la envergadura de la economía y su grado de modernización productiva y, consiguientemente, su competitividad.

Se trata de una tarea que han de realizar fundamentalmente las empresas, pero las administraciones públicas, además de liberar barreras y generar los correspondientes incentivos, han de predicar con el ejemplo. Los propósitos del ministro Jordi Sevilla, primero con el plan Moderniza y ahora con el anteproyecto de Estatuto del Empleado Público, van en la dirección correcta. Una de las piezas esenciales de esta última norma es la evaluación continua y con métodos objetivos de los resultados de la actuación de los funcionarios y el eventual cese de quienes no satisfagan las exigencias mínimas. No hay razones para que dispongan de privilegios que inciten a la ineficacia. Las mejoras en el acceso a la función pública, con métodos de selección que primen la calidad profesional, la reducción de la temporalidad y la adecuación de las remuneraciones son exigencias que ha de incorporar ese estatuto.

No menos importante es que esos planes de modernización no se limiten a los empleados. Sin una verdadera reorganización funcional, sin la adopción de métodos de trabajo y tecnologías propias de las organizaciones modernas, poco se avanzará. Es por ello que al mismo tiempo que el ministro de Administraciones Públicas enuncia esos propósitos, haga lo propio con el avance en la aplicación rápida y extensa de las tecnologías de la información a todos los niveles.