Marbella sin límites

Los ciudadanos comienzan a conocer el alcance de la trama mafiosa que gobernaba Marbella. Los bienes confiscados hasta el momento a algunos de los 23 detenidos han sido valorados en una primera aproximación en 2.400 millones de euros. La lista de esos bienes revela la voracidad con la que se ha dispuesto del fruto de la rapiña: animales disecados, más de cien caballos, cuadros de Miró, una casa con un salón de 300 metros cuadrados, un helipuerto, propiedades inmobiliarias, cientos de miles de euros en metálico... La mayor parte pertenecen al cerebro que regía el Ayuntamiento, el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

El juez instructor ha decretado la prisión incondicional para Roca y la alcaldesa Marisol Yagüe, de quien dice que es una simple "marioneta" del cerebro de la banda, lo que no le impidió disponer de un millón de euros, que presuntamente pretendía cargar al Ayuntamiento, para pequeños arreglos en su vivienda particular. Repugna aún más este enriquecimiento ilícito con la imagen de un Ayuntamiento calificado en quiebra técnica por el Tribunal de Cuentas.

Todas las administraciones tienen responsabilidades en el deterioro marbellí. Los partidos, por su desastrosa actuación en los años ochenta, lo que facilitó la llegada al poder del populista y corrupto Jesús Gil en 1991. La judicatura, por su lentitud y en ocasiones connivencia con los mafiosos. Un par de datos: la Junta de Andalucía impugnó por vez primera una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en 1995. Desde ese año hasta 2003, la etapa que cubre los mandatos de Gil y su sucesor, Julián Muñoz, el Gobierno autónomo presentó 250 impugnaciones más. Los tribunales sólo aprobaron ocho en el ámbito administrativo. Por vía penal, del casi medio centenar de causas abiertas, únicamente se han celebrado tres juicios. Tan sólo hay una condena, la del llamado caso Banana Beach, iniciado en 1998 y sentenciado siete años después, decisión que está recurrida al Supremo. Es decir, hasta ahora, ninguna sentencia en firme.

La salida a semejante caos pasa por la disolución de la corporación municipal y el nombramiento de una comisión gestora que gobierne hasta las elecciones del próximo año. Pasa también por un necesario acuerdo entre los grandes partidos para salvar la ciudad. Y pasa por una actuación judicial que, afortunadamente, ha comenzado a ser más eficaz, así como por el mejoramiento de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, pasa por el convencimiento de la sociedad española de que Marbella no es un caso aislado. La corrupción urbanística y la connivencia de la clase política con ella está adquiriendo proporciones serias, especialmente en Andalucía, Levante, Murcia y Canarias. Hay otras muchas Marbellas repartidas por la geografía nacional y contra todas ellas los ciudadanos deben rebelarse. Hay que poner límites a esta plaga de indecencia endureciendo la ley y mejorando y agilizando su aplicación antes de que el cáncer devore a todos.