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COLUMNA

Todos a la cárcel

La operación que se ha llevado por delante a la alcaldesa de Marbella y a unas veinte personas más, entre concejales, funcionarios y asesores de aquel Ayuntamiento, y a promotores y abogados presumiblemente involucrados en un escándalo sin precedentes en nuestra democracia, ha revelado hasta qué extremos el abuso de poder y la falta de escrúpulos, impulsan la corrupción urbanística. Un eficaz despliegue policial ha desalojado y registrado las dependencias municipales, y diversos domicilios y despachos, no sólo en Marbella. El glamour de la alcaldía marbellí grabó su rostro en una sábana, y no en el papel couché donde se negocian las aventuras del corazón y del pelotazo, ha dado en la sordidez de un calabozo, para compartir seguidamente prisión incondicional con su asesor municipal de urbanismo y uno de los empresarios implicados en el asunto. Mientras, una oriolana ha respondido a la pregunta de un redactor de este diario: "¿El Ayuntamiento de Orihuela? Como el de Marbella. ¡Todos a la cárcel!". La señora interpelada y tan expedita en su réplica quizá no conozca o no recuerde, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la presunción de inocencia, que ha invocado, ante las denuncias de corrupción que se atribuyen reiteradamente a ciertos cargos del PP. Una invocación la suya razonable, pero que no lo exonera de su responsabilidad política, ni solapa otra norma constitucional, que exige a los poderes públicos la observancia de regular la utilización del suelo, de acuerdo con el interés de la mayoría, para impedir su especulación. Y es, en este punto, donde el presidente Camps pretende evadirse de sus obligaciones y mantener un silencio, que el cronista no sabe si es cómplice de todo un inventario de fechorías sujetas a la investigación fiscal, pero sí que exhibe una actitud equidistante de la pasividad y de la escama. Actitud que, como afirma Glòria Marcos, coordinadora de EUPV, puede hacer que Camps "pase a la historia como el presidente de uno de los periodos más negros de nuestra democrática, si no actúa". Hasta el jefe provincial del PP, en Alicante, José Joaquín Ripoll, y su maestro y cuentacuentos de la oposición mayoritaria, Eduardo Zaplana, a cuya sombra se enfanga Terra Mítica y se descomponen los contratos falsos con el cantante Julio Iglesias, azuzan a Camps para que afronte una situación que califican de triste. Solo faltaban las cintas del empresario Fenoll y del edil Ferrández, que tanto salpican al alcalde José Manuel Medina, para que la vara de medir mediática diera la magnitud de lo que se está cociendo en Orihuela. Un Camps superado, duda ya hasta del fiscal anticorrupción, cuya denuncia de 30 supuestos hechos delictivos, por ahora, la ha admitido a trámite la juez correspondiente, y arremete contra una oposición que lo balda a base de razones y argumentos. El cronista considera que lo peor no es que Camps cave su propia fosa, sino que cave la fosa del paisaje, de la imagen y de la iniciativa de un país que ni acepta ni entiende. Qué disparatado empeño.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de abril de 2006