El juez archiva la denuncia contra tres ediles y dice que tienen tanta autoridad como la policía

José María Casado, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, ha dictado el archivo de la denuncia interpuesta por la Policía Municipal contra tres concejales de la oposición por su intervención en una protesta vecinal en el paseo de la Virgen del Puerto (Arganzuela) el 20 de julio pasado. El auto no sólo concluye que los ediles no protagonizaron ninguna "acción violenta" contra los policías, sino que niega la posibilidad de que cometieran un delito de "desobediencia a la autoridad municipal" porque ellos "también eran autoridad municipal". PSOE e IU exigieron ayer al alcalde que cese al inspector jefe de la Policía Municipal y al edil de Seguridad. Alberto Ruiz-Gallardón se negó a comentar la denuncia, alegando que aún no la había leído.

El auto del juez Casado, emitido con fecha 24 de marzo, pone fin a un caso que ha mantenido enfrentados a gobierno y oposición municipal durante ocho meses. PSOE e IU han sostenido durante todo este tiempo que fue el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, quien dio la orden al inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, para que interpusiera una denuncia contra la portavoz de IU, Inés Sabanés, y los concejales socialistas Óscar Iglesias y José Manuel Rodríguez. Los tres participaron en una protesta vecinal contra una tala de acacias por las obras de la M-30 en Virgen del Puerto.

La protesta se produjo el 20 de julio, pero Morcillo no presentó denuncia hasta dos días después, acusando a los tres ediles de resistencia a la autoridad e incitación al desorden. El pasado 28 de febrero, el fiscal se pronunció a favor de archivar el caso, que es lo que finalmente ha sucedido. Además de eso, el juez vierte en su auto una serie de consideraciones que PSOE e IU han valorado especialmente porque, en palabras de la portavoz del PSOE, Trinidad Jiménez, "devuelven la dignidad al papel de concejal de la oposición".

Para empezar, el juez califica de "evidente" que "no hubo concierto de voluntades entre los [vecinos] concentrados y los concejales", porque estos últimos "se limitaron a hacer acto de presencia [...] teniendo en cuenta la función que tienen atribuida por la ley y la voluntad mediadora que les guiaba". Esa voluntad de mediación entre vecinos y policía es lo que siempre habían alegado los ediles denunciados.

"Intentar razonar"

Sabanés, Iglesias y Rodríguez, prosigue el auto, "no protagonizaron ninguna acción violenta, de palabra o hecho, y se limitaron a pedir con insistencia que se reconsiderase la decisión de talar los árboles, debiendo también tenerse en cuenta el carácter irreversible de lo que se pretendía hacer [la tala]". El juez recuerda incluso que en las imágenes de televisión se pudo ver a la portavoz de IU dirigiéndose a los policías "sin resistencia alguna más que la propia de intentar razonar sobre la situación creada, actitud que era perfectamente legítima, dada su condición de representante electo de los madrileños". "Los concejales", insiste, "estuvieron renuentes, reacios o reticentes a desalojar la zona acordonada por la policía, pero, a la postre, la desalojaron".

El juez sostiene a continuación que "no puede entenderse que [los concejales] desobedecieran a la autoridad municipal" porque "ellos también eran autoridad municipal", y más adelante afirma que "siendo miembros electos del Ayuntamiento de Madrid, con todo lo que ello conlleva, podía surgir la duda razonable de si estaban o no obligados a cumplir la orden dada por el propio inspector jefe de Policía Municipal". Se remite entonces al informe del fiscal, según el cual "no existe infracción penal cuando la desobediencia o conflicto surge entre autoridades de la misma escala jerárquica". "En este supuesto [el de Virgen del Puerto] existiría una disputa entre autoridades de la misma escala jerárquica", concluye.

"El juez reconoce y estabiliza la función del concejal de oposición de intentar mediar en conflictos con los vecinos", señaló ayer con orgullo Inés Sabanés, antes de exigir a Ruiz-Gallardón el cese del inspector Morcillo y calificar de "patético" al concejal Calvo (el mismo adjetivo que él había dedicado a los ediles denunciados).

Trinidad Jiménez agregó a esa petición de cese el del propio Calvo, y subrayó que el auto sugiere que la denuncia fue política cuando dice: "Es lógico inferir que el inspector jefe recibió órdenes de la máxima autoridad municipal, de manera directa o por delegación". "A Ruiz-Gallardón se le ha olvidado cuál es la labor de un concejal de oposición. Un juez ha venido a recordársela", sentenció Jiménez.

El edil Calvo afirmó que acata la decisión judicial. "Incluso la celebramos, porque soluciona un conflicto absurdo para la Junta de Gobierno", dijo. Pero, a la vez, insistió en mostrar su "respaldo" y "confianza" al inspector Morcillo. "El auto dice que la actuación de los concejales no fue delictiva, y nos alegramos, pero tampoco critica la actuación de la Policía Municipal", aseguró Calvo.

Antes de que él hablara había sido preguntado por lo mismo el propio alcalde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno. "Ese auto no nos ha sido notificado aún. Cuando llegue y lo lea, lo comentaré", se limitó a decir.